@abrilpenaabreu
Una acusación de agresión sexual exige una investigación rigurosa. Una acusación deliberadamente falsa, cuando se demuestra, exige consecuencias. En ambos casos están en juego la dignidad de las personas y la credibilidad de la justicia.
Las informaciones que cuestionan la versión inicial del caso vinculado a UTESA obligan a esclarecer los hechos y atender el posible daño causado a quienes fueron señalados. Su reputación y su futuro también merecen protección.
La minoría de edad no elimina toda responsabilidad. La legislación dominicana contempla sanciones para adolescentes, incluida la reparación del daño. Corresponde determinar su aplicación conforme a los hechos probados y al debido proceso.
Este debate exige evaluar la eficacia de la justicia adolescente. La rehabilitación debe incluir el reconocimiento del daño y el cumplimiento de responsabilidades. Las víctimas no pueden quedar relegadas mientras el sistema concentra toda su atención en quien cometió la infracción.
También debe rechazarse cualquier intento de utilizar este caso para desacreditar la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Una falsedad individual no invalida las denuncias legítimas ni justifica tratar a las víctimas con sospecha. Defender sus derechos exige, igualmente, responder ante el uso deliberado de una acusación para perjudicar a una persona inocente.
La Fiscalía debe comunicar conclusiones claras. Los medios y las plataformas que difundieron señalamientos deben corregir cualquier información falsa con la misma diligencia con que la divulgaron. El descrédito público requiere una reparación que también sea visible.
RD al Descubierto sostiene que proteger a una adolescente y exigir responsabilidad son deberes compatibles. Revisar la ley y su aplicación debe servir para fortalecer ambos.
La justicia estará incompleta si esclarece una acusación, pero deja olvidadas a las personas cuyo buen nombre resultó destruido.
