@abrilpenaabreu
Hay ruedas de prensa que informan. Y hay otras en las que, sin proponérselo, una institución termina presentando el tamaño de su propio problema.
La Policía Nacional acaba de informar que existen 53,877 órdenes de arresto, búsqueda y captura pendientes de ejecución.
Y nuestra primera pregunta no es cuántas son, nuestra pregunta es mucho más sencilla: ¿Quién tenía que ejecutarlas?
Porque estamos llegando a un punto en el que el Estado dominicano parece sorprenderse de sus propias estadísticas.
Nos informa cuántos motociclistas circulan irregularmente, nos informa cuántas órdenes de arresto están pendientes, nos informa cuántos reincidentes aparecen una y otra vez en los registros.
Muy bien ¿Y después qué? Porque una estadística no arresta a nadie y mucho menos cuando entre esas órdenes pendientes aparecen 2,681 vinculadas a homicidios, 4,018 a agresiones sexuales, 11,587 a robos y 17,635 a violencia intrafamiliar.
Aclaremos algo importante: no estamos hablando necesariamente de 53,877 personas diferentes. Una misma persona puede acumular varias órdenes. Tampoco toda orden que no se ejecuta significa automáticamente negligencia policial: localizar a un requerido puede tomar tiempo y en la persecución intervienen distintas piezas del sistema de justicia.
Pero precisamente por eso la información está incompleta si solamente nos entregan el número ¿Cuántas órdenes tienen menos de 30 días? ¿Cuántas llevan seis meses? ¿Cuántas un año? ¿Cuántas están pendientes desde 2023? ¿Cuántas corresponden a personas cuya ubicación se conoce? ¿Y cuál es la tasa real de ejecución de órdenes de arresto en República Dominicana?
Eso es lo que necesitamos saber, porque hay otro dato que resulta difícil de explicar: entre los requeridos aparecen personas con decenas de registros. Una de ellas acumula 41.
Entonces la pregunta ciudadana es inevitable: ¿Cómo llega alguien a acumular 41 registros y continúa apareciendo en una base de personas pendientes de localización?
No basta con enseñarnos una pantalla, no basta con contar órdenes, no basta con anunciar que ahora existe una base de datos, la utilidad de la misma se mide por lo que permite hacer con la información.
Y esto ocurre justamente cuando la Policía ha recibido durante los últimos días un importante respaldo de sectores de la población frente a la delincuencia. Ese respaldo debería aprovecharse para fortalecer la institución, profesionalizar la persecución y demostrar resultados sostenibles; no para confundir transparencia estadística con eficacia operativa.
Publicar el problema es positivo, pero resolverlo es lo que cuenta. Porque si mañana la Policía nos informa que tiene 60,000 órdenes pendientes, después 70,000 y el año siguiente 80,000, no estaremos frente a mejores estadísticas. Estaremos simplemente documentando cada vez mejor nuestra incapacidad para ejecutar las decisiones de la justicia.
La próxima rueda de prensa no debería decirnos solamente cuántas órdenes están pendientes, debería decirnos cuántas ejecutaron, cuánto redujeron el inventario y qué están haciendo para impedir que vuelva a crecer. Eso sí sería una noticia.
