@abrilpenaabreu
Rosanny del Carmen Almonte Molina tenía una orden de protección y alejamiento. Lo confirmó el fiscal interino de Valverde. Sin embargo, fue asesinada el pasado sábado en Esperanza, presuntamente por su expareja. El documento existía. La protección que debía garantizarle no impidió su muerte.
Su familia denuncia algo todavía más grave: que había acudido a la Policía para advertir que el hombre continuaba amenazándola y rondando su vivienda. Según su hermano, solicitaron que intervinieran y recibieron como respuesta que llamaran al 911 si ocurría alguna situación. Esa denuncia exige una investigación y consecuencias si se comprueba una actuación negligente.
¿Había que esperar otra agresión? ¿Cuánto peligro debe demostrar una mujer para que su petición de auxilio provoque una respuesta efectiva?
Seguimos actuando como si una orden de alejamiento tuviera incorporado un escudo protector. Como si entregar un papel bastara para detener a alguien dispuesto a perseguir, agredir o matar.
La tecnología para vigilar estas restricciones existe. En España funcionan dispositivos que permiten detectar acercamientos prohibidos, alertar a la víctima y comunicar incidencias a un centro de monitoreo que opera permanentemente. No garantizan por sí solos la seguridad, pero permiten advertir el peligro y activar una intervención. (
En República Dominicana tampoco estamos ante una idea desconocida: desde hace años se discuten iniciativas para supervisar electrónicamente las órdenes de alejamiento. El Senado documentó esos debates en 2023. ¿Cuánto más debemos esperar para convertir las propuestas en protección efectiva?
En tiempos de inteligencia artificial, es absurdo seguir descansando la seguridad de una mujer amenazada en un documento cuyo cumplimiento nadie vigila.
Necesitamos evaluación del riesgo, monitoreo en los casos que lo ameriten y una respuesta policial capaz de actuar ante las alertas. Porque tampoco sirve colocar un brazalete si, cuando suena la alarma, nadie responde.
Rosanny tenía una orden de protección. Hoy está muerta. Esa contradicción exige explicaciones, responsabilidades y cambios concretos.
El Estado no cumple con entregar una orden, tiene que hacerla cumplir antes de que llegue el pésame.

