@abrilpenaabreu
ANADEGAS fijó el 25 de septiembre como fecha límite para desconectar los pagos electrónicos en sus 780 estaciones afiliadas si no obtiene una respuesta. El reclamo es legítimo, pero dejar al ciudadano sin tarjetas no puede convertirse en la solución.
La Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas ha lanzado una advertencia seria: si antes del 25 de septiembre no se alcanza un acuerdo sobre las comisiones bancarias, desconectará los verifones en sus 780 estaciones afiliadas.
El reclamo de ANADEGAS tiene fundamento. Las estaciones venden un producto cuyo precio y margen de comercialización están regulados por el Estado, pero deben pagar una comisión calculada como porcentaje del valor total de cada compra realizada con tarjeta.
Según el gremio, las tasas oscilan entre 1.95 % y 2.50 %. Eso representa entre RD$6.59 y RD$8.45 por cada galón vendido y puede consumir entre una cuarta parte y más de un tercio del margen bruto de la estación.
Mientras más caro resulta el combustible, más alta es la comisión, aunque el margen regulado del detallista no crezca en la misma proporción. Evidentemente, existe un desequilibrio que debe corregirse.
Pero desconectar los verifones afectaría gravemente a la ciudadanía. Entre el 50 % y el 70 % de las ventas de muchas estaciones ya se paga con tarjetas. Miles de dominicanos utilizan el crédito no por comodidad ni por lujo, sino porque necesitan financiar el combustible para llegar al trabajo, llevar a sus hijos a la escuela o mantener funcionando un pequeño negocio.
Obligarlos a pagar exclusivamente en efectivo aumentaría la inseguridad, dificultaría el control de los gastos y representaría un retroceso para la bancarización y la formalización de la economía.
Ahora bien, tampoco sería justo presentar este problema como si pudiera resolverse con una simple orden del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
El MICM hizo lo correcto al recibir a ANADEGAS, instalar una mesa de diálogo y evitar temporalmente la desconexión de los equipos. Pero ese ministerio regula los combustibles; no puede fijar unilateralmente el precio de un servicio perteneciente al sistema financiero.
La comisión no va completa a una sola empresa. Se distribuye entre el banco emisor, Visa o Mastercard, la procesadora, el adquirente y otros participantes. Por eso cualquier solución requiere la intervención coordinada del MICM, la Junta Monetaria, el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, ProCompetencia, las entidades financieras y las compañías procesadoras.
También debe examinarse la enorme concentración existente en este mercado. No corresponde afirmar, sin una investigación, que existe un monopolio ilegal. Pero sí es evidente que las estaciones negocian frente a muy pocos actores con un poder económico inmensamente superior.
ANADEGAS propone sustituir el porcentaje por una tarifa fija de entre 30 y 40 centavos por galón. La propuesta merece ser estudiada técnicamente, junto con la posibilidad de establecer un régimen especial para sectores regulados, de grandes volúmenes y márgenes limitados.
El Estado ya determina cuánto puede ganar una estación por cada galón. No parece coherente controlar ese margen y, al mismo tiempo, permitir que una comisión financiera variable absorba hasta una tercera parte.
El reclamo de ANADEGAS es justo, pero la ciudadanía no puede convertirse en rehén de una disputa entre comerciantes, bancos y procesadores.
Todavía hay tiempo antes del 25 de septiembre. El Gobierno debe acelerar la mediación y llevar a la mesa a todos los actores con capacidad real de decidir.
La solución no es apagar los verifones. La solución es encender la competencia, transparentar las comisiones y construir un sistema de pagos que sea sostenible para las estaciones y justo para los consumidores.
Porque modernizar la economía no consiste solamente en pagar con una tarjeta, también significa impedir que unos pocos controlen el costo de hacerlo.
