@abrilpenaabreu
Resulta absurdo que la Cancillería dominicana haya tenido que salir a desmentir un mensaje falso atribuido al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en el que supuestamente atacaba al Gobierno y a las Fuerzas Armadas de la República Dominicana.
El perfil de Bukele es público. Antes de compartir una declaración de esa naturaleza, lo mínimo era acudir a su cuenta y comprobar si realmente la había publicado. La Cancillería dominicana aclaró que el mandatario no hizo esas declaraciones y que el contenido hacía referencia a una cuenta inexistente. El Gobierno salvadoreño también confirmó que el mensaje era falso.
Quien fabricó la publicación tiene una responsabilidad. Pero quienes la compartieron sin verificarla también deben asumir la suya. Una captura de pantalla no es una fuente. Que un mensaje circule mucho no lo convierte en verdad. Y que confirme lo que alguien quiere creer tampoco justifica difundirlo.
Para los ciudadanos que reciben y reenvían contenido, verificar antes de compartir es una responsabilidad individual. Bastan unos minutos para revisar la cuenta original, buscar una declaración oficial o, si no hay forma de confirmar la información, detener la cadena.
Pero los influencers, comunicadores y medios tienen una responsabilidad aún mayor. Su alcance les permite llegar a miles de personas y sus palabras pueden dar apariencia de credibilidad a una mentira. Tienen el deber de informar con veracidad y de no convertir una situación delicada en combustible para la confrontación política.
Estamos hablando de cuatro militares salvadoreños secuestrados en Haití y de familias que esperan noticias sobre sus seres queridos. En medio de una crisis de esa gravedad, difundir un supuesto ataque de Bukele contra las autoridades dominicanas es una irresponsabilidad que puede alimentar tensiones y afectar la imagen del país.
Criticar al Gobierno es legítimo. Cuestionar sus decisiones también. Lo que no se puede justificar es utilizar una falsedad para hacerlo. La necesidad de ganar una discusión política o conseguir interacción en las redes no puede estar por encima de la verdad.
Y este episodio obliga a hacerse una pregunta incómoda: ¿será que los controles que se han planteado para ciertos contenidos digitales no surgieron de la nada? Tal vez, y solo tal vez, la ligereza con la que algunos usan sus plataformas ha contribuido a abrir ese debate.
Eso no significa entregar a ningún Gobierno un cheque en blanco para controlar lo que se dice. Cualquier regulación debe proteger la libertad de expresión y evitar que el poder decida arbitrariamente qué opiniones pueden circular. Pero defender esa libertad también exige reconocer el daño que puede causar la difusión irresponsable de información falsa.
A quienes compartieron el mensaje atribuido a Bukele les corresponde corregirlo con la misma visibilidad con la que lo difundieron. Y a todos nos corresponde recordar que detrás de cada publicación hay una decisión: informar, opinar o contribuir a que una mentira siga creciendo.
En una situación tan delicada, la responsabilidad comienza antes de pulsar «compartir».
