Una investigación de ProPublica revela que el convenio otorga a Washington derechos preferenciales de compra de crudo y una participación prevista del 35 % en una empresa privada. Sin embargo, el documento examinado no establece una obligación expresa de pagar los impuestos y regalías anunciados como beneficios para Venezuela.
WASHINGTON. — El acuerdo petrolero impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump para ampliar el acceso de Estados Unidos a las reservas de Venezuela enfrenta cuestionamientos sobre sus condiciones comerciales, la transparencia de sus participantes y los beneficios económicos prometidos al país sudamericano.
Una investigación publicada el 20 de octubre por el medio estadounidense ProPublica examinó una copia de 18 páginas del acuerdo de asociación estratégica firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, con representantes de North American Blue Energy Partners (NABEP), compañía controlada por el empresario venezolano Alejandro Betancourt.
El hallazgo central es que el convenio no contiene una obligación explícita que garantice los US$200,000 millones en impuestos y regalías que la Casa Blanca había presentado como ingresos estimados para Venezuela durante los próximos 25 años.
La ausencia de esa cláusula no demuestra que Venezuela dejará de recibir ingresos por la explotación petrolera. Lo que establece es una diferencia entre los beneficios económicos anunciados públicamente y los compromisos expresamente recogidos en el documento revisado.
¿Qué obtiene Estados Unidos?
El convenio contempla que el Gobierno estadounidense adquiera una participación del 35 % en la empresa matriz de NABEP, registrada en Barbados.
También establece condiciones preferenciales para la compra del petróleo producido por la compañía.
Según la documentación examinada por ProPublica, Washington tendrá derecho a comprar el 20 % de la producción de NABEP a un precio de US$30 por barril y prioridad para adquirir el resto durante un período de 50 años.
Además, podrá comprar toda la producción de la compañía si Estados Unidos declara una emergencia nacional, conforme a las condiciones del acuerdo.
El precio de US$30 no necesariamente representa el costo final del crudo entregado. Parte del petróleo venezolano requiere mezclarse con productos más ligeros para facilitar su transporte, y esos costos no están incluidos en la tarifa preferencial descrita.
Es importante precisar que estos derechos corresponden a la producción de NABEP, no al conjunto de la producción petrolera venezolana.
Los US$200,000 millones: una proyección sin garantía contractual expresa
Cuando Trump anunció el acuerdo a finales de agosto, su administración lo presentó como una iniciativa de gran alcance para reactivar la industria petrolera venezolana.
Entre los beneficios anunciados figuraban inversiones cercanas a US$100,000 millones y una recaudación estimada de US$200,000 millones en impuestos y regalías durante 25 años.
Sin embargo, el documento examinado por ProPublica no establece expresamente que NABEP esté obligada a entregar esa cantidad.
La distinción es relevante: una proyección de ingresos depende de factores como el volumen de producción, los precios internacionales, los costos de operación y las obligaciones fiscales aplicables. No equivale a una suma contractualmente garantizada.
Tampoco puede concluirse, únicamente a partir de esa ausencia, que la empresa estará exenta de pagar impuestos o regalías establecidos por la legislación venezolana.
La investigación cuestiona, fundamentalmente, si los beneficios anunciados cuentan con garantías suficientes y mecanismos transparentes para verificar su cumplimiento.
Una estructura empresarial con participación limitada de Venezuela
Otro aspecto señalado por la investigación es la organización de la empresa encargada de ejecutar el proyecto.
El acuerdo contempla una junta directiva de siete integrantes, cuya mayoría deberá estar compuesta por ciudadanos estadounidenses. También permite al Gobierno de Estados Unidos designar un observador sin derecho a voto.
Alejandro Betancourt conservará la dirección ejecutiva de NABEP. Para destituirlo se necesitará el respaldo de cinco de los siete miembros de la junta.
El documento no exige que el Gobierno venezolano tenga representantes en ese organismo.
ProPublica también señala que la participación estadounidense se estructuraría mediante una empresa matriz registrada en Barbados, cuyos propietarios e inversionistas no están completamente identificados públicamente.
El convenio contiene disposiciones sobre auditorías y controles contra el lavado de dinero, pero no está establecido que toda la información financiera resultante vaya a divulgarse.
Estas condiciones han generado interrogantes sobre la transparencia del proyecto y la capacidad de supervisión de sus operaciones.
¿Quién es Alejandro Betancourt?
Betancourt es un empresario venezolano cuya participación en el acuerdo ha provocado cuestionamientos en Estados Unidos.
Según ProPublica, ha sido objeto de investigaciones relacionadas con posibles operaciones de lavado de dinero en distintas jurisdicciones.
No obstante, Betancourt no ha sido acusado penalmente en esos países, según la información recogida por el medio. Sus representantes rechazan las sospechas y sostienen que las acusaciones carecen de fundamento.
La investigación también señala que el empresario conserva relaciones con actores políticos y económicos venezolanos y estadounidenses.
Legisladores demócratas han cuestionado la selección de NABEP y solicitado información sobre los criterios utilizados para escoger a la compañía.
Estos cuestionamientos no constituyen, por sí mismos, pruebas de irregularidades en la adjudicación.
La Casa Blanca y NABEP defienden el convenio
La administración Trump sostiene que el acuerdo contribuirá a estabilizar la economía venezolana, atraer inversiones y aumentar la disponibilidad de petróleo para Estados Unidos.
Por su parte, NABEP afirma que su experiencia operativa permitirá ampliar la producción y generar beneficios para ambos países.
La empresa también ha defendido las condiciones comerciales del convenio y asegura que determinados campos petroleros pueden producir crudo sin necesitar grandes cantidades de materiales para su mezcla.
La presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, ha respaldado públicamente la iniciativa y sostiene que Venezuela conservará su soberanía sobre los recursos naturales.
En declaraciones recogidas por Reuters el 17 de octubre, Rodríguez anunció expectativas de inversión petrolera cercanas a US$76,000 millones durante cinco años, correspondientes a un conjunto más amplio de acuerdos.
Se trata de inversiones proyectadas, no de desembolsos cuya ejecución total esté confirmada.
Las interrogantes sobre la ejecución del proyecto
El convenio también enfrenta dudas sobre su implementación.
ProPublica señala que algunos documentos complementarios todavía deben definir aspectos relacionados con la participación accionaria y los derechos de los inversionistas.
El acuerdo contempla condiciones que deben cumplirse antes de que produzca todos sus efectos.
Por otra parte, especialistas consultados anteriormente por Reuters han planteado interrogantes sobre la compatibilidad de determinadas disposiciones con la legislación venezolana y sobre la falta de transparencia en la negociación.
Estos cuestionamientos no equivalen a una declaración judicial de ilegalidad.
¿Quién recibirá los beneficios del petróleo venezolano?
El convenio establece ventajas comerciales concretas para Estados Unidos y condiciones de participación para sus socios empresariales.
En cambio, el documento examinado no garantiza expresamente el monto de ingresos fiscales que la Casa Blanca anunció para Venezuela.
La diferencia entre ambas cuestiones constituye el principal hallazgo de la investigación.
Para determinar los beneficios reales será necesario conocer cuánto capital se invierte efectivamente, cómo evoluciona la producción, qué impuestos y regalías se pagan y qué información financiera se hace pública.
El acuerdo podría generar ingresos e inversiones para Venezuela, pero los US$200,000 millones anunciados no deben presentarse como una cantidad garantizada.
