Por Abril Peña
Las guerras se empiezan con objetivos, cálculos y promesas, pero nadie puede garantizar cómo terminarán, cuánto durarán ni hasta dónde llegarán sus consecuencias, y quienes toman esas decisiones deberían recordar algo que con frecuencia se pierde en el análisis geopolítico: la factura también llega a millones de personas que nunca participaron en ellas.
Hoy vemos a Francia sacudida por la violencia, y la pregunta que merece hacerse no es qué está pasando ahora sino si ese incendio comenzó hoy o si estamos viendo nuevas llamas sobre problemas que llevan décadas sin resolverse. Desde los disturbios de 2005, Francia ha recibido advertencias sobre sus fracturas sociales, después vinieron otras crisis, otras movilizaciones y nuevos episodios de destrucción, y entre uno y otro siempre aparece la misma pregunta que nadie termina de responder con honestidad: ¿qué se resolvió?
En 2023, los daños materiales de los disturbios se acercaron a los mil millones de euros, escuelas, comercios, vehículos e instalaciones públicas destruidos, y detrás de ese balance había trabajadores que perdieron su medio de transporte, comerciantes que encontraron devastado su esfuerzo y comunidades obligadas a reconstruir lo que necesitaban para vivir. No podemos llamar delincuente a todo el que protesta porque reclamar es un derecho, pero tampoco podemos permitir que una reivindicación sirva de excusa para incendiar, saquear o destruir, porque quien quema el negocio de un trabajador no está haciendo justicia social, está creando otra víctima, y cuando el desorden abre espacio al oportunismo y a la delincuencia la población recibe un doble golpe: conserva los problemas que provocaron su indignación y pierde parte de lo que tenía.
Ese es el espejo en el que deberían mirarse otros países, y en el que nosotros mismos deberíamos mirarnos, porque a veces los gobiernos parecen más atentos a su posición en el tablero internacional que a las tensiones dentro de sus propias sociedades, hablan de influencia, alianzas y capacidad militar mientras una parte de la población siente que trabajar le alcanza cada vez menos y que sus dificultades no encuentran respuesta. Una guerra no explica por sí sola esas fracturas, pero puede agravarlas, encarecer la energía, alterar el comercio, añadir presión a hogares que ya estaban al límite, y el golpe exterior encuentra entonces una sociedad debilitada por dentro que no tiene margen para absorberlo.
Eso lo conocemos bien los países que dependemos de combustibles importados, cada recurso destinado a enfrentar una emergencia externa reduce las posibilidades de atender necesidades internas, y esa ecuación no la decide el ciudadano que paga la factura del gas o del supermercado sino quienes toman decisiones en capitales que están muy lejos de su cocina.
La advertencia que deja Francia va mucho más allá de Francia: apagar las llamas no basta si se mantienen las condiciones que permiten que el fuego regrese, y gobernar exige escuchar antes del estallido, responder antes del saqueo y defender el derecho a protestar junto con el derecho a vivir y trabajar sin violencia, porque esas dos cosas no se contradicen aunque algunos quieran presentarlas como opuestas.
De poco sirve presumir de influencia en el mundo si al volver la mirada hacia casa se encuentra el rancho ardiendo. Y mientras los poderosos discuten sus estrategias, los pueblos siguen pagando la factura.
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