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SANTO DOMINGO (República Dominicana).‑ Tras analizar la documentación presentada por el Ministerio Público, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó medidas de prisión preventiva, arresto domiciliario y estableció garantías económicas contra los miembros de la red de corrupción administrativa que se adjudicó recursos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) bajo la Operación Cobra 2.0‑A.
El procurador adjunto Wilson Camacho, al frente de la Dirección General de Persecución, calificó la sentencia como una validación del trabajo investigativo realizado por el Ministerio Público.
Camacho explicó que había tres aspectos que deseaba destacar del proceso: en primer lugar, consideró que la causa debe servir como lección y aprovechó para exhortar a los médicos a no prestar sus códigos profesionales.
Según sus palabras, “prestar los códigos puede involucrarlos en un proceso penal; si los 22 médicos procesados no hubieran cedido sus códigos, este caso no habría surgido”, subrayando la responsabilidad de los profesionales de la salud.
El fiscal insistió en que esa experiencia sirva de base para lanzar una campaña dirigida a los médicos, recordándoles que deben abstenerse de prestar sus códigos bajo cualquier circunstancia.
En segundo término, señaló que todos los imputados, salvo dos, fueron privados de libertad por la decisión del tribunal en la jornada de hoy.
Agregó que la determinación del juez reconoce la solidez de la investigación del Ministerio Público y que, a su juicio, la medida adoptada resulta razonable dadas las complejidades del caso.
Por último, advirtió que la pesquisa sobre los hechos en el SeNaSa no concluye con esta resolución y que se continuará persiguiendo nuevas responsabilidades.
La autoridad judicial ordenó prisión preventiva para Angeury Guzmán, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Wander Díaz y Juan Henry Poueriet, quienes deberán cumplir su condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, ubicado en San Antonio de Guerra. Asimismo, Ysabel Heredia Vallejo, Hanna Rasell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista fueron remitidas al CCR Najayo Mujeres por un período de dieciocho meses.
El tribunal estableció que la revisión obligatoria de estas medidas tendrá lugar el 22 de diciembre de 2026.
El arresto domiciliario fue impuesto a Heidy Coronado, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo, Víctor Felipe Rodríguez García y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Se fijó una garantía económica de dos millones de pesos, gestionada a través de una compañía aseguradora, acompañada de prohibición de salida del país y arresto domiciliario para Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Keila Beatriz Acosta Leonardo y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
A Martha María Saldaña Saldaña se le impuso una garantía de tres millones de pesos, también mediante aseguradora, con restricción de salida del territorio nacional y arresto domiciliario.
Una garantía de un millón de pesos, sumada a la prohibición de viajar y a la obligación de presentarse periódicamente, quedó establecida para José Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito y Yocaira Antonia Méndez Beltré.
El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, fue quien emitió las medidas coercitivas.
El Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional ejercerá la función de tribunal de control en este proceso.
El pasado viernes el magistrado Sena reservó la decisión para el domingo 27 de septiembre, convocando a las partes a las siete de la tarde; la audiencia donde se dio a conocer la resolución comenzó alrededor de las nueve de la noche y concluyó cerca de las diez.
En relación con el SeNaSa, el Ministerio Público, a través de la Operación Cobra, detuvo el año anterior a Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector de la ARS, y a los coimputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ángel Luis Guzmán Vásquez.
Con la judicialización de los acusados, la Fiscalía persigue sanciones penales y el decomiso de miles de millones de pesos que fueron sustraídos del erario nacional.
Al conjunto se le imputan delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Durante la fase investigativa, el Ministerio Público recopiló pruebas de sobornos a gran escala, manipulaciones de estados financieros y la creación de programas especiales sin fundamento legal, los cuales sirvieron para desviar recursos mediante maniobras fraudulentas.
Los fiscales describieron el caso como un esquema de corrupción sistemática orquestado por el director ejecutivo del SeNaSa, en complicidad con funcionarios de la ARS y con la participación delictiva de prestadores de servicios de salud, en detrimento del Estado.
En junio se activó la Operación Onco14, que derivó en la detención de tres personas vinculadas al abuso del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer para enriquecerse mediante fraudes que afectaron al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), a pacientes oncológicos y al SeNaSa.
Fueron arrestados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta del IORC, su esposa Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD‑Casa de Acogida, y su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quien fungió como vicepresidenta y auditora interna y externa del patronato mientras Lora era presidente.
Lora Cruceta y su cónyuge Guzmán permanecen bajo prisión preventiva, mientras que Vargas Sánchez se encuentra bajo arresto domiciliario.
