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El Faro Latino solicita al TSA ejecutar sentencia sobre fondos electorales en el exterior

by maria_lopez
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El medio solicita al Tribunal Superior Administrativo que verifique si la Junta Central Electoral cumplió al 100% la orden de suministrar datos sobre los recursos empleados en las votaciones dominicanas de 2024 realizadas fuera del país.

Desde Nueva York, El Faro Latino interpuso ante la Cuarta Sala del TSA una petición de ejecución de sentencia que tiene por objeto obligar a la JCE a remitir la información concerniente a los fondos destinados al proceso electoral del exterior en 2024.

La solicitud, publicada el 15 de noviembre de 2026, pretende que el tribunal valore si la autoridad electoral ejecutó íntegramente la resolución judicial y, de detectarse alguna dificultad, ordene las medidas correctivas que correspondan.

Según el propio periódico, la documentación que ha recibido hasta la fecha no permite reconstruir de forma total y verificable la utilización de los recursos asignados al voto de la diáspora ni calcular el costo global de esas elecciones.

El trámite quedó registrado el 11 de noviembre de 2026 a las 14:46 horas, bajo el número de expediente 2025-0054632-021 y la solicitud identificada como 2026-R1589931.

En el escrito se pide al tribunal solventar los obstáculos que impiden la ejecución de la Sentencia número 0030-1642-2025-SSEN-00203.

El origen del conflicto se remonta al 21 de octubre de 2024, cuando El Faro Latino requirió a la JCE información detallada de los presupuestos de las tres circunscripciones electorales del exterior.

Esa petición incluyó la solicitud de datos sobre transferencias, liquidaciones, gastos efectuados, devoluciones y destino de los fondos que pudieran haber quedado sin usar.

El 28 de mayo de 2025 la Cuarta Sala del TSA acogió parcialmente la acción de amparo y ordenó a la JCE y a su presidente entregar la información solicitada, de acuerdo con la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública número 200-04.

El comunicado del periódico indica que la resolución judicial abarcó presupuestos, inventarios, aprobaciones, transferencias, liquidaciones remitidas a Auditoría Interna, transacciones y remanentes.

Por su parte, la Junta Central Electoral asegura haber cumplido la sentencia y haber entregado al medio una memoria USB con la documentación requerida en septiembre de 2025.

No obstante, El Faro Latino sostiene que los documentos proporcionados no permiten rastrear de manera completa la trayectoria de los recursos públicos ni determinar el costo exacto de las elecciones de 2024 en el exterior.

Esta discrepancia entre ambas partes constituye el eje central de la petición de ejecución presentada ante el TSA.

El caso, para el periódico, trasciende la disputa con la JCE y abre interrogantes sobre la efectividad de los mecanismos de acceso a la información pública y la rendición de cuentas.

El Faro Latino considera que la necesidad de recurrir a solicitudes, intimaciones y procesos judiciales para obtener datos sobre recursos públicos pone a prueba la transparencia institucional.

El medio ha anunciado que seguirá monitoreando el expediente y dará a conocer la resolución que adopte la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo.

Hasta el momento no se ha publicado una decisión del tribunal respecto a esta nueva solicitud de ejecución.

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