Santo Domingo – La agrupación política Fuerza del Pueblo (FP) ha pedido a la Cámara de Cuentas que realice una auditoría especial sobre las incorporaciones, los desembolsos y los controles del programa Supérate, y a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) que abra una investigación por posibles conductas penales, siempre respetando el debido proceso y sin prejuzgar responsabilidades.
La petición fue formalizada por el exvicepresidente de la República y integrante de la Dirección Política de la FP, Rafael Alburquerque, en una rueda de prensa en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, acompañada por Fernando Caamaño, secretario de Seguridad Social de la FP y exsuperintendente de Salud y Riesgos Laborales, y por los vicesecretarios Daniel Fernández, Van Elder Espinal y Fernando Reyes, quienes anteriormente fueron directores generales de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) y del Programa Solidaridad, respectivamente.
Alburquerque denunció que, mediante la Resolución Administrativa 003‑2022, emitida el 12 de abril de 2022, la Dirección del programa Supérate decidió de forma unilateral sumar 300 mil hogares al programa Aliméntate y 400 mil beneficiarios al Bonogás, acumulando 700 mil incorporaciones que, según explicó, generan un gasto anual al erario de RD$8,196 millones.
“Y lo que es más grave. Esta Resolución contempla la inclusión de hogares que todavía no habían sido categorizados por el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), disponiendo que su clasificación se realizara con posterioridad a su incorporación”, señaló el dirigente político. “¡Pusieron la carreta delante de los bueyes! Primero incorporar, y después evaluar”, agregó.
Alburquerque cuestionó cuál autoridad política autorizó esas inclusiones y cómo un funcionario pudo vulnerar la ley sin consecuencias, exigiendo respuestas documentadas a esas interrogantes.
El exvicepresidente recordó que, cuatro años después, Supérate vuelve a incurrir en lo que él califica como una infracción legal mediante la Resolución 071‑2026, del 21 de octubre del presente año, relativa al Bono Navideño, la cual deja fuera al SIUBEN de las funciones de identificación y categorización de los hogares necesitados.
Indicó que entre 2020 y 2025 se anunciaron bonos navideños por más de RD$19,000 millones, y que el proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027 destina otros RD$4,000 millones al mismo programa, sumando más de RD$23,000 millones entre los bonos ya anunciados y la nueva asignación presupuestaria.
“¿Quién ha certificado que los destinatarios de esos hogares son pobres? ¿Dónde están las evaluaciones socioeconómicas del SIUBEN?”, preguntó Alburquerque, insistiendo en la necesidad de aclarar los criterios empleados para seleccionar a los beneficiarios de esos recursos públicos.
El dirigente recordó su paso, de 2004 a 2012, como coordinador del Gabinete de Política Social durante la administración del presidente Leonel Fernández, experiencia que le permitió conocer de cerca el funcionamiento del sistema de protección social y los mecanismos de selección de beneficiarios.
“Que quede absolutamente claro. No estamos en contra de los programas sociales ni de los subsidios destinados a proteger a las familias más vulnerables. Por el contrario, fuimos protagonistas de la creación del sistema de protección social durante el gobierno del presidente Leonel Fernández, convencidos de que el Estado tiene la obligación de proteger a quienes más lo necesitan”, manifestó.
Alburquerque sostuvo que desde 2022 la FP ha venido denunciando el uso indebido de los recursos públicos destinados a la protección social, advirtiendo que la ampliación de los padrones de beneficiarios, el creciente gasto y la falta de transparencia crean un escenario propicio para la manipulación política de los programas.
“Lo que denunciamos y rechazamos es el uso y abuso de los recursos públicos con fines clientelares y electorales. Los subsidios deben servir para combatir la pobreza, no para comprar voluntades ni convertir las necesidades del pueblo en instrumento de manipulación política. ¡Una cosa es proteger al pueblo y otra, muy distinta es pretender comprar su voto con el dinero del propio pueblo!”, expresó.
En sus declaraciones, el exvicepresidente acusó al Partido Revolucionario Moderno (PRM) y a su gobierno de haber engañado a la opinión pública y al pueblo dominicano, afirmando: “Estamos en presencia de un partido que llegó al gobierno sin un verdadero plan de gobierno, pero con un ambicioso plan de negocios. Un gobierno que cada necesidad del pueblo la convierte en un lucrativo negocio”.
“Lo hemos dicho antes y hoy lo reiteramos: llegaron al gobierno para servirse del pueblo y no para servir al pueblo”, sostuvo Alburquerque, al cuestionar la posibilidad de que los recursos de la protección social se utilicen para favorecer intereses políticos y prácticas clientelistas.
“La pobreza no se combate abultando discrecionalmente los padrones. Hay que demostrar que las ayudas llegan a quienes cumplen con los requisitos establecidos en la norma legal. La bonocracia no puede sustituir la política de protección social”, advirtió el exvicepresidente.
Alburquerque concluyó que los subsidios deben llegar a las familias que cumplen con los criterios de elegibilidad y no a funcionarios o dirigentes del partido en el poder. “Las necesidades de la población no pueden convertirse en oportunidades para obtener beneficios particulares. El país está siendo engañado”, afirmó.

