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Ruben Hernández, quien se desempeña como jefe de redacción y editor del Congreso, comunica la información.
El magistrado de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional emitió, durante la noche del domingo, una resolución que estableció medidas coercitivas contra los veintiséis acusados en el proceso denominado Senasa 2.0‑A, en el cual el Ministerio Público los señala como presuntos partícipes de un esquema irregular que impacta al Seguro Nacional de Salud.
Dicha resolución contempla distintas sanciones, que van desde la prisión preventiva hasta garantías económicas, la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad y la prohibición de salir del país.
Se ordenó prisión preventiva para varios de los imputados, entre los que se encuentran Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Wander Manuel Díaz Encarnación, Laura Altagracia Santana Evangelista, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Angeury Guzmán Vásquez.
Los tres citados—Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar y Wander Manuel Díaz Encarnación—deberán cumplir su condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.
Por otro lado, Ysabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Laura Altagracia Santana Evangelista y Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez fueron trasladadas a la unidad de reclusión femenina de Najayo Mujeres.
El tribunal también dictó arresto domiciliario para nueve procesados que modificaron su solicitud inicial del Ministerio Público después de colaborar con la investigación; entre ellos están Einstein Rafael Borromé Valdez, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Víctor Felipe Rodríguez García, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
A otro grupo se le impusieron sanciones menos gravosas, como garantías económicas, la obligación de comparecer periódicamente y la restricción para viajar al exterior, según lo que corresponde a cada caso. Entre los nombres resaltados se encuentran Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Martha María Saldaña Saldaña y Keila Beatriz Acosta Leonardo.
Un imputado adicional recibió la orden de presentarse periódicamente y la imposición de una garantía económica equivalente a un millón de pesos dominicanos.
Tres de los veintiséis procesados no recibieron medida de prisión preventiva ni arresto domiciliario; a dos de ellos—Guillermo Enrique Diclo Garabito y Yocaira Antonia Méndez Beltré—se les impuso presentación periódica y una fianza de RD$ 1,000,000.00.
La resolución completa debe analizarse caso por caso, ya que cada procesado obtuvo una disposición distinta conforme a lo determinado por el juzgador.
