@abrilpenaabreu
Durante años hemos acostumbrado a medir la política social por la cantidad de bonos, subsidios y ayudas que entrega el Gobierno.
Esas herramientas son necesarias para proteger a las familias más vulnerables, especialmente cuando no tienen ingresos suficientes para cubrir necesidades básicas. Pero ayudar a una persona a resolver el día de hoy no es exactamente lo mismo que ofrecerle los recursos para transformar su mañana.
Por eso merece atención lo ocurrido en San José de Ocoa, donde Promipyme entregó 55 millones de pesos en financiamiento a 265 microempresarios y emprendedores.
No se trató de dinero regalado, si no de créditos destinados a personas que producen, venden, cultivan, ofrecen servicios y sostienen pequeños negocios de los cuales dependen numerosas familias.
Cada beneficiario recibió, en promedio, alrededor de 207,000 pesos, para una gran empresa quizás parezca una cantidad pequeña, pero para un emprendimiento puede significar comprar una máquina, ampliar un inventario, adquirir herramientas, mejorar un local o contratar a otra persona.
Y hay un dato particularmente importante: el 65 % de los préstamos entregados en San José de Ocoa correspondió a mujeres, eso significa que aproximadamente dos de cada tres beneficiarios fueron emprendedoras.
Mujeres que probablemente venden alimentos, trabajan en la agricultura, administran salones, colmados, tiendas, talleres, negocios turísticos o prestan diferentes servicios dentro de sus comunidades.
En la microempresa dominicana, muchas veces una mujer no solamente sostiene un negocio, con ese mismo ingreso paga la alimentación de sus hijos, el colegio, los medicamentos, el transporte y una parte considerable de los gastos del hogar.
Por eso, cuando una mujer consigue financiamiento para hacer crecer su emprendimiento, el impacto no termina en la caja registradora, se extiende a toda su familia.
La inclusión financiera también constituye una forma de política social, pero con una diferencia fundamental: no coloca a la persona únicamente como beneficiaria, sino como protagonista de su propio desarrollo.
El mensaje no es simplemente: “el Estado te ayudará” si no que debe ser: “el Estado facilitará que puedas producir, crecer y construir tu independencia económica”.
Promipyme informó que, desde el inicio de su actual gestión, ha desembolsado 20,637 millones de pesos y que el 51 % de esos recursos ha llegado a negocios encabezados por mujeres.
Esa orientación merece reconocimiento. Durante demasiado tiempo, las mujeres emprendedoras —especialmente aquellas que trabajan en comunidades pequeñas— han tenido dificultades para acceder al crédito formal.
Muchas no poseen propiedades que puedan ofrecer como garantía, otras mantienen negocios sin la estructura administrativa que les exige la banca tradicional. Y algunas terminan recurriendo a préstamos informales con intereses tan elevados que, en lugar de ayudarlas a crecer, las mantienen atrapadas pagando deudas.
Llevar financiamiento público a las provincias ayuda a romper parte de esa barrera. San José de Ocoa tiene una economía vinculada a la agricultura, el comercio, los servicios y el turismo. Por tanto, colocar recursos en manos de sus pequeños productores y emprendedores también puede fortalecer la economía local.
El dinero que recibe un negocio de Ocoa no necesariamente termina depositado en una gran cuenta de Santo Domingo, circula dentro de la provincia.
Se utiliza para comprar productos, pagar trabajadores, contratar transporte, adquirir materias primas y consumir otros servicios locales.
Eso genera un efecto multiplicador, ahora bien, entregar los créditos no puede ser el final de la política. Debe ser el comienzo del acompañamiento.
Los pequeños emprendedores necesitan educación financiera, orientación para organizar sus cuentas, herramientas de mercadeo, capacitación tecnológica y asistencia para formalizarse.
Porque prestar dinero sin acompañar al beneficiario puede terminar convirtiendo una oportunidad en una deuda difícil de pagar.
El verdadero éxito de este programa no debe medirse solamente anunciando que fueron desembolsados 55 millones de pesos.
Dentro de uno o dos años tendremos que preguntar cuántos de esos negocios continúan abiertos, cuánto aumentaron sus ventas, cuántos nuevos empleos crearon y qué porcentaje de los beneficiarios logró pagar puntualmente para volver a recibir financiamiento.
También debe mantenerse la transparencia sobre las tasas, los criterios de selección y el destino de los recursos, el crédito público no puede repartirse por conexiones políticas. Debe llegar a quienes tengan proyectos viables, capacidad de trabajo y verdadero compromiso con sus negocios.
Pero dicho todo esto, la orientación es correcta, un Gobierno no solamente combate la pobreza entregando ayudas. También la combate ofreciendo herramientas para que las personas generen sus propios ingresos.
Y eso es especialmente importante para las mujeres.
Una mujer con autonomía económica tiene mayores posibilidades de tomar decisiones, proteger a sus hijos, salir de situaciones de violencia y construir una vida con menos dependencias.
Por eso, estos 55 millones de pesos representan algo más que una operación financiera.
Representan capital colocado en manos de personas que quieren trabajar.
Representan pequeños negocios que pueden crecer.
Representan mujeres que no están pidiendo que las mantengan, sino solicitando una oportunidad para producir.
El Gobierno merece reconocimiento por llevar el crédito hasta San José de Ocoa y por colocar a las mujeres en el centro de esta política.
Ahora corresponde garantizar acompañamiento, transparencia y resultados sostenibles.
Porque la mejor ayuda no siempre es la que resuelve una necesidad durante un mes.
En ocasiones, la mejor ayuda es la que permite que una persona no vuelva a necesitarla.
Y cuando el crédito llega a una mujer trabajadora, no solamente se financia un negocio.
Se fortalece una familia y comienza a transformarse una comunidad.
