@abrilpenaabreu
Hay políticas públicas cuyo impacto no siempre se entiende cuando se presentan en cifras, porque su verdadera dimensión está en la vida cotidiana de las familias.
Para muchos padres dominicanos, el problema de la educación no comienza cuando el niño entra al aula. Comienza bastante antes: cuando hay que conseguir cómo llevarlo a la escuela, pagar el transporte y asegurarse de que llegue sin exponerse a los riesgos del tránsito.
Por eso, entre las iniciativas vinculadas al inicio del año escolar, hay una que merece especial atención: el Sistema Nacional de Transporte Estudiantil, conocido como TRAE.
Estamos hablando de una flota de 1,871 autobuses, organizados en 837 rutas, con presencia en 31 provincias y cobertura para 6,370 centros educativos públicos.
Según las informaciones presentadas, entre 215,000 y 245,000 estudiantes utilizan diariamente este servicio, son cifras importantes, pero pensemos un momento en lo que significan detrás de los números.
Significan que una madre puede saber cómo llegará su hijo a clases, que una familia puede destinar a otras necesidades el dinero que antes gastaba en pasajes, que estudiantes de comunidades alejadas tienen mayores posibilidades de asistir regularmente y que miles de niños no tienen que trasladarse en motocicletas sobrecargadas o en condiciones inseguras.
Cuando un Gobierno organiza transporte escolar gratuito, no solamente mueve estudiantes: elimina una barrera concreta para acceder a la educación.
Y hay otro elemento que merece destacarse: dentro de la flota se reportan 300 autobuses eléctricos y 50 unidades adaptadas para estudiantes con discapacidad.
Eso apunta a dos asuntos importantes, el primero, la incorporación de tecnologías menos contaminantes. El segundo, entender que la inclusión no puede quedarse en un discurso bonito: debe permitir que un niño con discapacidad pueda llegar a su escuela con condiciones adecuadas.
Además, el sistema dispone de monitoreo de sus operaciones, un componente relevante cuando hablamos de menores de edad y de la tranquilidad de sus familias.
Ahora bien, el transporte escolar tampoco puede analizarse de manera aislada. Para este año lectivo, el Gobierno informó una inversión de 1,251 millones de pesos en bonos escolares, la distribución de ocho millones de libros y cuadernillos, y la habilitación prevista de 1,509 aulas al finalizar agosto.
Son acciones diferentes, pero responden a una misma necesidad: crear las condiciones para que el estudiante pueda llegar, permanecer y aprender.
Porque no basta con decir que la educación es gratuita si para muchas familias el costo de trasladarse, comprar materiales o resolver los gastos del regreso a clases termina convirtiéndose en un obstáculo.
Reconocer avances como estos no significa ignorar los desafíos que todavía tiene la educación dominicana. La calidad del aprendizaje, la comprensión lectora, la formación docente y la seguridad de los planteles siguen siendo tareas fundamentales.
Pero también sería injusto evaluar el sistema educativo únicamente desde lo que falta y dejar fuera políticas que ya están produciendo un alivio concreto en miles de hogares.
Cuando casi un cuarto de millón de estudiantes puede trasladarse diariamente mediante una red organizada de transporte escolar, estamos frente a una medida que merece ser contada.
Porque, para muchos niños dominicanos, el camino hacia un mejor futuro no comienza cuando suena el timbre de la escuela.
Comienza cuando tienen cómo llegar a ella.
