@abrilpenaabreu
Durante casi siete décadas, Falconbridge Dominicana mantuvo la concesión minera Quisqueya I, que abarca unas 22,392 hectáreas entre La Vega y Monseñor Nouel. Ahora, el Tribunal Superior Administrativo ordenó terminar los contratos suscritos en 1956 y 1969, tras comprobar incumplimientos que afectan directamente el interés nacional.
La decisión no surge de una posición contraria a la minería ni de un rechazo a la inversión privada. Según la sentencia, las operaciones productivas estaban paralizadas desde noviembre de 2023 y la empresa no había entregado varios de los informes técnicos correspondientes a los últimos años. También fueron señalados incumplimientos económicos y laborales.
Una concesión minera no entrega la propiedad de los recursos naturales. Otorga el derecho a explotarlos bajo determinadas obligaciones. Cuando una empresa deja de producir, incumple sus compromisos y tampoco proporciona la información requerida, el Estado tiene el deber de intervenir.
En ese sentido, resulta positivo que el Gobierno, a través del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, acudiera a los tribunales para defender los intereses nacionales. La seguridad jurídica no consiste únicamente en proteger a los inversionistas; también exige que las empresas respeten las leyes, los contratos y las obligaciones asumidas con el país.
Pero la sentencia no debe convertirse en el punto final de esta historia. El Estado tiene que explicar qué ocurrirá con los terrenos, las instalaciones, los pasivos ambientales, los antiguos trabajadores y los recursos minerales existentes. Recuperar una concesión sin presentar un plan transparente podría sustituir un problema por otro.
La República Dominicana necesita inversión privada, incluyendo inversión minera. Pero necesita inversiones responsables, fiscalizadas y compatibles con el interés colectivo. Ninguna empresa debe sentirse amenazada cuando cumple; tampoco puede considerarse intocable cuando incumple.
Los recursos naturales pertenecen al pueblo dominicano. Administrarlos responsablemente no es cerrarles las puertas a los inversionistas: es dejar claro que en este país las concesiones generan derechos, pero también obligaciones.
