por Abril Peña
La llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia de Colombia abre una nueva etapa en la relación con Estados Unidos. Su ofensiva contra el narcotráfico, el eventual regreso de la fumigación aérea, el abandono de negociaciones con grupos armados y la incorporación al programa estadounidense Shield of the Americas plantean una pregunta inevitable: ¿están Bogotá y Washington construyendo una nueva versión del Plan Colombia?
Colombia al parecer vuelve a ocupar un lugar central en la estrategia de seguridad de Estados Unidos para América Latina.
La llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia no representa únicamente un cambio político después del gobierno de Gustavo Petro. También supone una modificación sustancial en la manera en que Bogotá pretende enfrentar el narcotráfico y las organizaciones armadas, y en el papel que Washington puede volver a desempeñar en esa estrategia.
Durante su discurso inaugural, De la Espriella prometió combatir frontalmente el tráfico de drogas, reducir los cultivos ilícitos, abandonar negociaciones con organizaciones que continúen utilizando la violencia y recuperar territorios donde el Estado ha perdido capacidad de control. También anunció la incorporación de Colombia a Shield of the Americas, iniciativa de seguridad promovida por Estados Unidos.
El presidente incluso ha planteado recuperar la erradicación aérea con herbicidas como herramienta contra los cultivos de coca, una de las políticas más controvertidas de la anterior etapa de cooperación antidrogas entre Bogotá y Washington.
Fumigación campos de coca
La coincidencia de prioridades entre el nuevo gobierno colombiano y la administración de Donald Trump es evidente y por eso una expresión comienza inevitablemente a aparecer alrededor del nuevo escenario: Plan Colombia 2.0.
Pero la comparación requiere cautela, lo que está surgiendo todavía no constituye formalmente un nuevo Plan Colombia. Tampoco conocemos todos los componentes, condiciones y mecanismos de ejecución de la nueva cooperación.
Sin embargo, existen suficientes elementos para afirmar que Colombia y Estados Unidos están entrando en una etapa de cooperación en seguridad considerablemente más estrecha que la desarrollada durante los últimos años.
Para comprender la magnitud del cambio hay que regresar más de un cuarto de siglo.
El Plan Colombia nació a finales de la década de 1990, durante la presidencia de Andrés Pastrana, cuando el país enfrentaba simultáneamente la expansión de los cultivos de coca, el fortalecimiento de las FARC y otros grupos armados, una grave crisis institucional y extensas zonas donde el Estado tenía una presencia limitada.
Contrario a la idea de que fue exclusivamente un programa militar, los documentos diplomáticos estadounidenses de la época muestran que el diseño original contemplaba seguridad, fortalecimiento democrático, proceso de paz y desarrollo económico. Colombia calculó entonces un costo total aproximado de US$7,500 millones y planteó aportar US$4,000 millones de sus propios recursos.
La administración de Bill Clinton propuso inicialmente un paquete extraordinario estadounidense de aproximadamente US$1,300 millones, adicional a programas que ya rondaban los US$300 millones, destinado a equipos y entrenamiento antidrogas, pero también a desarrollo alternativo, derechos humanos, reforma judicial y atención a desplazados. Con los años, la cooperación evolucionó.
Estados Unidos proporcionó miles de millones de dólares, entrenamiento, inteligencia y equipamiento, mientras Colombia fortalecía sustancialmente sus Fuerzas Armadas y recuperaba territorios anteriormente dominados por las guerrillas.
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El debilitamiento militar de las FARC terminó siendo uno de los factores que contribuyeron a crear las condiciones para las negociaciones que desembocaron en el acuerdo de paz de 2016.
Pero el modelo también dejó controversias, las fumigaciones aéreas, los impactos sobre comunidades rurales, las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto y la persistencia del narcotráfico alimentaron durante años el debate sobre sus resultados.
Por eso, si existe un Plan Colombia 2.0, no puede limitarse a reproducir automáticamente las herramientas utilizadas hace 25 años.
De la Espriella rompe con la estrategia de Petro
La diferencia entre el gobierno que terminó y el que acaba de comenzar es particularmente profunda en materia de seguridad.
Gustavo Petro llegó a la Presidencia proponiendo la denominada “paz total”, mediante la cual buscaba negociar con diferentes organizaciones armadas para reducir la violencia y alcanzar acuerdos de desmovilización o sometimiento.
De la Espriella considera que esa estrategia permitió que algunos grupos fortalecieran su presencia territorial. En su discurso de toma de posesión prometió una ofensiva contra las estructuras que continúen delinquiendo y dejó claro que no mantendrá indefinidamente mesas de negociación mientras las organizaciones armadas desarrollen actividades criminales, algunos describen su programa como un giro hacia una política mucho más agresiva contra el narcotráfico y los grupos ilegales.
Los expertos coinciden en que la seguridad constituye uno de los principales ejes de la nueva administración y destaca que el país continúa enfrentando al ELN, disidencias de las antiguas FARC y otras estructuras criminales vinculadas a economías ilegales.
La transformación, por tanto, no consiste únicamente en aumentar operaciones militares, supone un cambio de doctrina: de priorizar la negociación como mecanismo para reducir la violencia a utilizar nuevamente la presión del Estado como instrumento central para obligar a las organizaciones armadas a abandonar las armas.
La coca vuelve al centro de la relación Washington-Bogotá
El narcotráfico será probablemente el principal punto de convergencia entre Trump y De la Espriella. Colombia continúa siendo fundamental en la producción internacional de cocaína, y Washington considera desde hace décadas que la reducción de los cultivos constituye una cuestión de seguridad nacional.
El nuevo presidente colombiano ha prometido atacar directamente la producción de coca y ha planteado incluso retomar las fumigaciones aéreas con herbicidas, según Reuters.
Este punto puede convertirse rápidamente en uno de los debates más complejos de su administración.
Las fumigaciones permiten intervenir extensas áreas con mayor rapidez que la erradicación manual, pero históricamente han provocado cuestionamientos por sus posibles efectos ambientales y sociales.
Además, eliminar una hectárea de coca no significa necesariamente eliminar la economía que la produce. Cuando las comunidades rurales carecen de carreteras, mercados legales, crédito y presencia institucional, los cultivos ilícitos pueden reaparecer o desplazarse hacia otras regiones.
Esta es una de las grandes lecciones que debería distinguir cualquier estrategia nueva del modelo desarrollado hace un cuarto de siglo.
Shield of the Americas: Colombia vuelve al centro de la estrategia estadounidense
Otro elemento especialmente relevante es la decisión de De la Espriella de incorporar Colombia a Shield of the Americas, programa estadounidense de cooperación regional en seguridad.
La decisión posee un significado político evidente. Durante décadas Colombia fue probablemente el socio de seguridad más estrecho de Washington en Sudamérica.
La relación atravesó una etapa más compleja durante la presidencia de Petro, particularmente por las diferencias sobre política antidrogas, Venezuela y algunos asuntos internacionales.
Con De la Espriella existe una coincidencia ideológica y estratégica considerablemente mayor. El nuevo mandatario colombiano se suma, además, a una tendencia regional más amplia: gobiernos conservadores que están colocando seguridad, control territorial y combate al crimen organizado entre sus principales prioridades.
Associated Press identifica su llegada al poder como parte del fortalecimiento de dirigentes conservadores y aliados de Trump en América Latina.
Esto significa que Colombia puede volver a funcionar no solamente como receptor de cooperación estadounidense, sino como pieza central de una arquitectura regional de seguridad.
El verdadero desafío está más allá de Colombia
Una estrategia agresiva contra el narcotráfico puede producir consecuencias regionales, Colombia comparte fronteras con Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá.
Las organizaciones criminales que operan dentro de su territorio mantienen conexiones internacionales y utilizan corredores que atraviesan varios países.
Por eso, cuando aumenta la presión estatal en una determinada región, las actividades ilegales pueden desplazarse. Es el conocido efecto globo: se reduce la actividad criminal en un punto y esta reaparece en otro.
Ecuador constituye uno de los casos que merecen mayor atención. El crecimiento de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico internacional ha convertido al país en uno de los principales escenarios de violencia de Sudamérica.
Una ofensiva colombiana podría reducir algunos corredores, pero también generar desplazamientos hacia territorio ecuatoriano o hacia rutas marítimas del Pacífico.
Venezuela plantea un desafío todavía más complejo debido a la extensa frontera común y a las profundas diferencias políticas entre sus autoridades y el nuevo gobierno colombiano.
Cualquier estrategia seria contra organizaciones transnacionales necesitará algún nivel de coordinación fronteriza, incluso entre gobiernos políticamente enfrentados.
¿Puede repetirse realmente el Plan Colombia?
La comparación resulta tentadora, pero existen diferencias fundamentales, la Colombia de 2026 no es la Colombia del año 2000.
El Estado posee mayor capacidad institucional y militar, las FARC dejaron de existir como la enorme organización guerrillera que fueron durante décadas y el país cuenta con instituciones más robustas. Pero el crimen también cambió. En lugar de una única estructura insurgente dominante, Colombia enfrenta hoy un ecosistema fragmentado compuesto por guerrillas, disidencias, organizaciones narcotraficantes, minería ilegal y redes criminales transnacionales.
Eso significa que una estrategia diseñada para combatir grandes organizaciones jerárquicas puede no funcionar igual frente a estructuras fragmentadas y adaptables.
Además, las redes financieras, las criptomonedas, los puertos internacionales y las nuevas rutas marítimas han transformado la economía criminal. Un eventual Plan Colombia 2.0 necesitaría, por tanto, mucho más que helicópteros, soldados y erradicación de coca.
Necesitaría inteligencia financiera, control portuario, cooperación judicial internacional, tecnología, persecución del lavado de activos y presencia estatal permanente en los territorios recuperados.
El dilema de la mano dura
De la Espriella llega al poder precisamente porque una parte significativa de la sociedad colombiana exige resultados frente a la inseguridad, ese fenómeno tampoco es exclusivamente colombiano.
Hay una tendencia regional hacia gobiernos conservadores que han capitalizado el temor al crimen y el desgaste de administraciones anteriores. El desafío aparece cuando una política de seguridad comienza a medirse exclusivamente por el número de operaciones, capturas o bajas.
La experiencia latinoamericana demuestra que la mano dura puede producir resultados inmediatos sin necesariamente resolver las estructuras económicas e institucionales que sostienen el crimen.
Colombia posee además una historia particularmente dolorosa de violencia política. El nuevo gobierno tendrá que demostrar que puede ejercer autoridad sin debilitar garantías democráticas ni reproducir abusos del pasado.
Ese equilibrio será observado no solamente desde Bogotá, también desde Washington.
Tres escenarios para la nueva alianza
1. Una estrategia moderna de seguridad integral
Este sería el escenario más favorable, Estados Unidos y Colombia utilizan la nueva cooperación no solamente para operaciones militares, sino también para inteligencia financiera, justicia, desarrollo rural, fortalecimiento institucional y alternativas económicas para las comunidades.
El objetivo sería reducir simultáneamente la oferta de coca y la capacidad financiera de las organizaciones criminales.
2. Regreso a una estrategia predominantemente militar
En este escenario, la cooperación prioriza fumigaciones, erradicación, operaciones militares y captura de líderes.
Podría producir resultados visibles rápidamente, pero también aumentar los riesgos de desplazamiento criminal y conflictos con comunidades rurales.
3. Regionalización del conflicto
Es el escenario más peligroso, la presión colombiana desplaza organizaciones y rutas hacia Ecuador, Venezuela, Panamá, Brasil o Perú.
La estrategia dejaría entonces de ser un asunto bilateral entre Washington y Bogotá para convertirse en un desafío continental.
No es todavía un Plan Colombia 2.0, pero las piezas comienzan a moverse y hablar hoy de un Plan Colombia 2.0 como si ya existiera formalmente sería adelantarse a los hechos.
Lo que sí existe es algo políticamente significativo: un presidente colombiano dispuesto a recuperar una estrategia mucho más agresiva contra el narcotráfico, una administración estadounidense que comparte esa prioridad y la decisión de Bogotá de integrarse a una nueva estructura de cooperación regional impulsada por Washington.
Las similitudes con el comienzo del siglo son suficientes para justificar la comparación, pero las diferencias también son suficientes para exigir cautela.
El tema aquí no será cuánto poder militar puede acumular nuevamente Colombia, sino si Bogotá y Washington aprendieron las lecciones de los últimos 25 años.
Porque la historia del Plan Colombia demostró que es posible debilitar organizaciones armadas y recuperar territorio.
También demostró algo más difícil: ganar militarmente un territorio no garantiza que el Estado consiga ocuparlo económica, social e institucionalmente después.
Ese será el verdadero examen para De la Espriella y probablemente también para la nueva estrategia estadounidense en América Latina.
