@abrilpenaabreu
Estados Unidos impuso un arancel adicional del 12.5 % a productos dominicanos alegando que República Dominicana no había establecido controles suficientes para impedir la importación de mercancías producidas mediante trabajo forzoso.
Combatir esa práctica es una causa legítima que nuestro país debe respaldar. De hecho, el Gobierno respondió promulgando el Decreto 502-26, que prohíbe esas importaciones y crea un procedimiento para investigarlas. También mantiene negociaciones con Washington para reducir el gravamen y proteger la competitividad de nuestras exportaciones.
Pero sería ingenuo analizar la decisión estadounidense exclusivamente desde los derechos humanos.
La medida forma parte de una estrategia mucho más amplia mediante la cual Estados Unidos intenta frenar la expansión comercial de China y evitar que sus productos lleguen al mercado estadounidense a través de terceros países.
Washington sabe que ni siquiera su propia economía puede cerrar completamente las puertas a la fábrica del mundo. Después de décadas de dependencia, miles de industrias estadounidenses todavía necesitan materias primas, componentes y productos chinos. Por eso, en lugar de limitarse a bloquearlos directamente, pretende convertir a sus socios comerciales en filtros de su política de contención.
El mensaje es evidente: quien desee conservar un acceso favorable al mercado estadounidense deberá vigilar las inversiones chinas, rastrear el origen de sus insumos y cerrar cualquier ruta que Washington considere sospechosa.
República Dominicana, por su cercanía, sus zonas francas y el DR-CAFTA, queda especialmente atrapada en esa disputa.
Más preocupante aún es preguntarnos quién determinará cuáles empresas extranjeras utilizan trabajo forzoso. El decreto dominicano permite considerar informes de organismos internacionales, investigaciones periodísticas y decisiones de otros gobiernos. Eso podría provocar que una lista elaborada en Washington termine determinando indirectamente qué mercancías puede importar nuestro país.
La República Dominicana hizo lo correcto al fortalecer sus controles. Ninguna economía responsable debe beneficiarse de la explotación laboral. Pero adoptar estándares internacionales no significa renunciar a nuestra soberanía ni convertir nuestras aduanas en ejecutoras automáticas de decisiones extranjeras.
Cada empresa señalada debe ser investigada con criterios propios, pruebas verificables y derecho a defenderse. Una acusación no puede bastar para bloquear mercancías, destruir reputaciones o favorecer a competidores.
Estados Unidos tiene derecho a proteger su mercado, pero no a trasladar a países pequeños todo el costo de su competencia con China. Mucho menos a exigirnos un nivel de ruptura comercial que ni siquiera Washington está en condiciones de asumir.
El Gobierno dominicano debe continuar negociando la reducción del arancel, aplicar el Decreto 502-26 con transparencia y defender el derecho del país a relacionarse con todas las economías que respeten nuestras leyes.
Trump no necesita cerrar completamente las puertas estadounidenses a China. Le resulta más conveniente obligar a los países que comercian con Estados Unidos a cerrar parte de las suyas.
República Dominicana puede cooperar con Washington, pero no debe aceptar convertirse en una frontera más de una guerra económica que no inició.
