@abrilpenaabreu
La muerte de un niño y las graves lesiones sufridas por otra menor tras la explosión de un tanque de gas en una fritura en San Francisco de Macorís no deberían archivarse como un accidente más. Las autoridades determinarán qué provocó exactamente la explosión, pero hay una realidad que no necesita peritajes porque está a la vista de todos: en República Dominicana hemos normalizado el desorden hasta convertirlo en parte del paisaje.
Lo ocurrido deja al descubierto una cadena de responsabilidades compartidas que rara vez queremos discutir.
La fritura donde ocurrió la tragedia operaba sobre una acera. Un espacio concebido para que caminen peatones terminó convertido en un negocio donde se manipulaba gas licuado de petróleo, aceite hirviendo y fuego abierto. Esa escena, lejos de ser excepcional, se repite todos los días en prácticamente cualquier municipio del país.
Caminamos entre tanques de gas, anafes, cables improvisados, freidoras y vehículos estacionados sobre las aceras como si fuera lo más normal del mundo.
Y quizás ese sea el verdadero problema: dejamos de verlo como un riesgo. No se trata de atacar al pequeño comerciante. Miles de familias dominicanas viven con dignidad de una fritura, un chimi, una cafetería o un puesto de comida. Es un trabajo honrado que merece respeto.
Pero precisamente porque merece respeto, también merece condiciones seguras. El derecho a trabajar no puede significar poner en riesgo la vida de quienes pasan por una acera, ni la de los propios vendedores.
La tragedia también expone la enorme ausencia del Estado.¿Dónde estaban las autoridades responsables de supervisar el uso del espacio público?
¿Quién verifica que los cilindros de gas utilizados en estos negocios estén en condiciones adecuadas? ¿Quién inspecciona instalaciones improvisadas que funcionan diariamente frente a escuelas, hospitales, parques y avenidas?
La respuesta, en demasiados casos, parece ser: nadie. Sin embargo, sería injusto limitar toda la responsabilidad a las instituciones. Como sociedad también tenemos una enorme cuota de culpa.
Porque si mañana una alcaldía decide retirar las frituras instaladas ilegalmente sobre las aceras, exigir inspecciones obligatorias, prohibir cilindros deteriorados o sancionar negocios que no cumplan normas mínimas de seguridad, probablemente la primera reacción de una parte de la población será la misma de siempre.
Dirán que están quitándole el sustento a la gente. Que están abusando, que deberían dejarlos trabajar.
Y muchas autoridades, temiendo el costo político, terminarán cediendo. Ese es el círculo vicioso que nos acompaña desde hace décadas. Queremos ciudades organizadas, pero rechazamos que se imponga el orden.
Queremos seguridad, pero criticamos la fiscalización. Queremos evitar tragedias, pero defendemos prácticas que las hacen inevitables.
No es casualidad que en nuestras calles abunden tarantines construidos sobre aceras, talleres ocupando vías públicas, vehículos estacionados donde deben caminar los peatones y negocios operando sin las condiciones mínimas de seguridad.
Poco a poco fuimos aceptando que el espacio público no pertenece a todos, sino al primero que lo ocupe y esa normalización tiene consecuencias.
A veces un peatón termina caminando por la calle porque la acera está ocupada y muere atropellado. A veces un incendio consume un negocio improvisado.
Y otras veces, como ocurrió ahora, un tanque de gas explota y una familia pierde para siempre a un hijo. Después vienen las condolencias.
Las promesas de investigar, los operativos de una semana., los declaraciones oficiales y luego todo vuelve exactamente al mismo lugar donde comenzó. Hasta la próxima tragedia.
República Dominicana necesita mucho más que investigaciones después de cada desastre.
Necesita inspecciones permanentes, normas claras para el uso de cilindros de GLP, capacitación para pequeños comerciantes, recuperación real de las aceras y autoridades dispuestas a hacer cumplir la ley incluso cuando resulte impopular.
Pero también necesita ciudadanos dispuestos a entender que las reglas existen para proteger vidas. Porque no todo lo que hemos normalizado debe seguir siendo normal. Una acera no es una cocina, un tanque de gas oxidado no es un detalle menor.
El desorden es parte de nuestra cultura; es una amenaza permanente y cuando las normas dejan de cumplirse durante demasiado tiempo, las tragedias dejan de ser accidentes para convertirse en consecuencias.
Hoy una familia llora la pérdida de un niño, mañana podría ser cualquier otra.
La pregunta es si volveremos a indignarnos durante unos días para después seguir caminando entre tanques de gas sobre las aceras como si nada hubiera pasado. O si, por fin, entenderemos que el desorden también mata.
