Por Abril Peña
La dejo limpia, sin comentarios editoriales ni referencias dentro del cuerpo, lista para copiar y pegar. Corregí además un punto importante: la información más reciente indica que la Audiencia Provincial dejó para este procedimiento los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación; la Fiscalía solicita la absolución y la defensa niega que Gómez se beneficiara de su relación matrimonial.
La audiencia preliminar prevista para este martes puede abrir el camino al juicio oral con jurado por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. La defensa reclama la absolución y la Fiscalía sostiene que no existe delito.
Madrid, España.— La investigación judicial contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, entra este martes 8 de septiembre en una de sus fases procesales más importantes, con la celebración de la audiencia preliminar previa a la eventual apertura del juicio oral.
El juez de instrucción Juan Carlos Peinado fijó la audiencia para las 18:00 horas en Madrid, dentro del procedimiento que afecta también a Cristina Álvarez, asesora de Gómez en el complejo de La Moncloa.
El trámite representa prácticamente el cierre de una instrucción que durante más de dos años ha colocado bajo escrutinio judicial las actividades profesionales de Gómez, su relación con la Universidad Complutense de Madrid y el papel desempeñado por su asesora.
La audiencia no supone una condena ni determina la culpabilidad de las investigadas. Su finalidad es que las partes expongan sus posiciones antes de que el magistrado decida formalmente si procede abrir juicio oral.
¿De qué se acusa actualmente a Begoña Gómez?
La situación procesal ha cambiado a medida que avanzó la investigación y diferentes decisiones de la Audiencia Provincial de Madrid delimitaron el alcance de la causa.
El procedimiento que llega ahora a esta fase se concentra en dos presuntos delitos: tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.
La Audiencia Provincial determinó en julio que Gómez puede ser juzgada por un tribunal del jurado por esos presuntos delitos y apartó de este procedimiento otras imputaciones que habían formado parte de la investigación.
La Fiscalía, sin embargo, mantiene una posición contraria a las acusaciones y solicita la absolución. La defensa de Gómez también reclama que sea absuelta y sostiene que durante la investigación no se ha demostrado que utilizara su condición de esposa del presidente para obtener beneficios profesionales o económicos.
La cátedra de la Universidad Complutense, en el centro del caso, buena parte de la investigación se ha concentrado en la actividad desarrollada por Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.
Gómez codirigió la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, creada en 2020, desde la cual se desarrollaron iniciativas académicas relacionadas con sostenibilidad, transformación empresarial e impacto social.
Los investigadores analizaron cómo se creó y gestionó la cátedra, la participación de empresas privadas y el desarrollo de una plataforma informática asociada al proyecto.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil examinó documentación bancaria y administrativa relacionada con estas actividades.
Uno de sus informes no detectó irregularidades en la creación de la cátedra ni incompatibilidades evidentes entre los movimientos bancarios de Gómez y sus actividades profesionales, aunque la investigación sí mantuvo el foco sobre aspectos relacionados con el desarrollo y adjudicación del software utilizado por el proyecto. La defensa sostiene que la cátedra fue creada siguiendo los procedimientos establecidos por la universidad.
¿Qué papel tuvo Cristina Álvarez?
Uno de los elementos centrales de la causa es la participación de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en La Moncloa.
La investigación trata de determinar si una trabajadora remunerada con fondos públicos realizó actividades relacionadas con los intereses profesionales privados de Gómez. Ese punto resulta esencial para la acusación de presunta malversación.
La cuestión jurídica consiste en determinar si Álvarez realizó tareas privadas vinculadas con la actividad profesional de Gómez utilizando tiempo o recursos públicos y, en caso afirmativo, si esas actuaciones pueden constituir un delito.
Álvarez también afronta el procedimiento por presunta malversación y solicita su absolución.
El empresario Juan Carlos Barrabés queda en una causa separada, otro nombre que ha acompañado la investigación es el del empresario Juan Carlos Barrabés.
Durante la instrucción se analizaron cartas de recomendación firmadas por Gómez relacionadas con proyectos empresariales en los que participaban compañías vinculadas al empresario, así como contratos públicos adjudicados posteriormente.
Sin embargo, la Audiencia Provincial decidió separar esa parte del procedimiento. La legalidad o ilegalidad de las adjudicaciones públicas relacionadas con Barrabés continuará investigándose en una causa diferente.
Esto significa que no todos los asuntos que aparecieron durante los más de dos años de investigación formarán parte necesariamente del eventual juicio que ahora se prepara.
La defensa niega que Gómez utilizara su matrimonio para beneficiarse, Begoña Gómez presentó el pasado viernes su escrito de defensa. En él solicita la absolución y rechaza haber utilizado su relación matrimonial con Pedro Sánchez para conseguir la cátedra universitaria o favorecer sus actividades profesionales.
Su defensa sostiene que no obtuvo un beneficio económico ilícito y cuestiona la existencia de pruebas suficientes para sostener las acusaciones. También mantiene que la creación de la cátedra siguió los procedimientos de la Universidad Complutense.
La Fiscalía comparte una conclusión fundamental con la defensa: considera que no existen elementos suficientes para apreciar delito y también solicita la absolución. Frente a esta posición se encuentran las acusaciones populares personadas en el procedimiento.
La acusación popular encabezada por Hazte Oír reclama penas que, en conjunto, alcanzan 13 años de prisión para Gómez y seis años para Cristina Álvarez. Estas peticiones constituyen solicitudes de las acusaciones y no una pena impuesta por un tribunal.
¿Qué ocurrirá este martes?
La audiencia preliminar constituye uno de los últimos pasos antes de decidir la apertura del juicio oral.
Durante la vista, las partes podrán pronunciarse sobre si consideran procedente llevar el caso a juicio y sobre la competencia del Tribunal del Jurado.
También podrán solicitar determinadas diligencias, aunque la legislación establece que únicamente deberán practicarse aquellas consideradas imprescindibles para decidir sobre la apertura del juicio. Después de celebrarse la audiencia, el juez podrá resolver en el mismo acto o dentro de los tres días siguientes.
Las opciones fundamentales son abrir formalmente el juicio oral o concluir que no existen razones suficientes para continuar el procedimiento en esos términos.
Peinado tiene previsto concluir esta fase antes de su jubilación, prevista para el próximo 27 de septiembre, cuando cumplirá 72 años.
Si finalmente dicta el auto de apertura de juicio oral, terminará la fase de instrucción y el procedimiento será elevado a la Audiencia Provincial de Madrid.
El eventual juicio podría celebrarse en 2027, dependiendo de la carga de trabajo del tribunal, la complejidad del procedimiento y la duración prevista de las sesiones.
Más de dos años de investigación
La causa comenzó en 2024 después de una denuncia presentada por Manos Limpias y posteriormente fue ampliándose a diferentes aspectos de la actividad profesional de Gómez.
Desde entonces, el procedimiento ha atravesado recursos, informes policiales, declaraciones de testigos, comparecencias de investigados y diferentes resoluciones de la Audiencia Provincial.
Algunas líneas de investigación inicialmente abiertas han sido limitadas, separadas o descartadas durante el proceso.
En febrero de 2026, la Audiencia Provincial llegó a anular una decisión anterior del juez que pretendía encaminar el procedimiento hacia un juicio con jurado al considerar insuficiente su fundamentación.
Posteriormente, tras nuevas actuaciones y resoluciones, la Audiencia terminó avalando en julio la continuación del procedimiento con jurado por los presuntos delitos que permanecen actualmente en la causa.
Un proceso judicial con enorme repercusión política
Aunque Pedro Sánchez no es acusado en este procedimiento, el caso posee una evidente dimensión política por tratarse de su esposa y por la presencia de una asesora de La Moncloa entre las investigadas.
El presidente del Gobierno ha defendido reiteradamente la inocencia de Gómez y ha denunciado que las actuaciones contra su entorno forman parte de una estrategia de acoso político y judicial.
La oposición, por el contrario, ha utilizado las investigaciones para exigir explicaciones al jefe del Ejecutivo y cuestionar el comportamiento de su entorno.
El proceso contra Gómez coincide además con otras investigaciones y procedimientos judiciales que afectan a personas vinculadas política o personalmente al presidente, aumentando la presión sobre el Gobierno y convirtiendo los tribunales en uno de los principales escenarios de confrontación política en España.
Sin embargo, jurídicamente cada procedimiento es independiente y las responsabilidades deben establecerse de manera individual.
Una decisión que marcará el siguiente capítulo
La audiencia de este martes determinará el camino inmediato de uno de los procedimientos judiciales de mayor repercusión política en España.
Si el juez dicta finalmente la apertura de juicio oral, Begoña Gómez quedará encaminada a ser juzgada por un tribunal del jurado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación.
Si el procedimiento llega a juicio, corresponderá al tribunal valorar las pruebas y determinar si existe responsabilidad penal. Hasta entonces, Gómez y Álvarez mantienen plenamente su presunción de inocencia.
