Por Abril Peña
La orden del presidente William Ruto de cerrar pequeños negocios operados por extranjeros sin permisos laborales ha provocado largas filas frente a la embajada de Burundi en Nairobi. La medida llega en medio del malestar económico y a menos de un año de las elecciones, mientras sus críticos acusan al Gobierno de convertir a los extranjeros en chivos expiatorios.
NAIROBI.– Cientos de ciudadanos de Burundi acudieron este lunes a su embajada en Nairobi cargando maletas y pertenencias para solicitar documentos de viaje y abandonar Kenia, después de que el presidente William Ruto ordenara actuar contra pequeños negocios administrados por extranjeros.
La medida fue anunciada después de que comerciantes kenianos protestaran contra reformas tributarias y la competencia en el comercio minorista. Ruto pidió la semana pasada a las autoridades cerrar, a partir de este lunes, los pequeños establecimientos operados irregularmente por extranjeros.
El Ministerio de Comercio introdujo, sin embargo, una precisión fundamental: la orden se aplica a extranjeros que realizan esas actividades sin los permisos de trabajo correspondientes, no a todos los comerciantes extranjeros de manera indiscriminada.
Reuters no observó este lunes un operativo generalizado de cierre en Nairobi. El impacto de las palabras del presidente, sin embargo, ya era visible.
Algunos burundeses dijeron haber recibido amenazas de vecinos desde que Ruto hizo el anuncio. Otros decidieron que era momento de marcharse.
Cientos hacen fila para regresar a Burundi
Las imágenes frente a la embajada burundesa mostraban principalmente a hombres jóvenes esperando documentos para regresar a su país.
Uno de ellos, Peter Nakumujango, de 62 años, explicó a Reuters que no regresaba voluntariamente, sino porque sentía que las circunstancias lo estaban obligando a hacerlo.
Otro, Munezero Farnke, de 18 años, llevaba tres años viviendo en Kenia sin documento de identidad y pidió que al menos se concediera tiempo suficiente a quienes necesitan organizar su salida.
La situación tiene además una dimensión humanitaria.
Según datos de ACNUR citados por Reuters, alrededor de 16,000 refugiados y solicitantes de asilo burundeses viven actualmente en Kenia. Muchos obtienen sus ingresos de pequeños negocios en Nairobi, incluida la venta de café y ropa usada.
Por tanto, detrás del debate sobre permisos comerciales aparece otro mucho más delicado: qué ocurre cuando una política destinada a regular el mercado laboral afecta también a personas que llegaron al país buscando protección.
¿Qué ordenó realmente Ruto?
Aquí conviene separar la retórica política de la disposición administrativa.
Ruto habló de cerrar pequeños negocios gestionados por extranjeros. Pero el Ministerio de Comercio especificó posteriormente que el objetivo son quienes operan sin autorización laboral.
Kenia, como cualquier Estado, tiene derecho a determinar qué actividades económicas pueden realizar extranjeros y qué permisos necesitan para trabajar.
El debate político comienza cuando la aplicación de esas reglas coincide con un discurso que presenta a los comerciantes extranjeros como parte del problema económico nacional.
Y ese debate se vuelve todavía más sensible cuando quienes reaccionan con temor incluyen refugiados.
El malestar de los comerciantes kenianos
La decisión no surgió de la nada. Ruto se reunió con comerciantes locales que venían protestando contra reformas fiscales y otras dificultades que afectan sus negocios. Posteriormente ordenó actuar contra la participación extranjera irregular en el pequeño comercio.
Kenia atraviesa además un momento económico complejo, el sector privado se contrajo en agosto por primera vez en tres meses, afectado por restricciones de suministro y mayores presiones sobre los costos, según el índice PMI divulgado la semana pasada.
El Gobierno necesita aumentar ingresos, mantener las finanzas públicas bajo control y estimular crecimiento, mientras una parte de la población reclama mejores condiciones económicas.
Ese contexto convierte al pequeño comercio en un terreno políticamente explosivo.
Las elecciones están cada vez más cerca
Hay también una dimensión electoral imposible de ignorar, Rito deberá buscar un segundo mandato en las elecciones del próximo año.
Sus críticos consideran que está utilizando el descontento contra comerciantes extranjeros para desviar la atención de los problemas económicos.
La activista keniana Hanifa Adan acusó al Gobierno de buscar un enemigo al que responsabilizar cuando no encuentra respuestas suficientes para la situación económica.
Eso no demuestra que la política migratoria sea simplemente una estrategia electoral, pero el calendario importa.
Cuando desempleo, impuestos y costo de vida dominan las preocupaciones ciudadanas, la presencia de extranjeros en actividades económicas de pequeña escala puede convertirse fácilmente en un argumento de campaña.
Ruto también apunta contra una multinacional india
El endurecimiento del discurso económico de Ruto no se limita a pequeños comerciantes, la semana pasada ordenó que la compañía india Tata Chemicals abandone sus operaciones en Kenia, argumentando que la explotación de los recursos del país no estaba generando suficientes beneficios para las comunidades locales.
Tata opera la planta de Magadi Soda, vinculada a la explotación de carbonato de sodio en el lago Magadi, la empresa está presente en Kenia desde 2005, aunque la explotación comercial del recurso en la zona se remonta a comienzos del siglo XX, expertos señalan que Kenia exportó 254,779 toneladas de carbonato de sodio valoradas en US$56.9 millones durante el año terminado en julio de 2025.
Ruto sostiene que las comunidades locales no han recibido beneficios suficientes y quiere sustituir el modelo actual por inversiones que incluyan manufactura dentro del país, como fábricas de vidrio y productos químicos.
Tata Chemicals afirma que cumple las regulaciones y que busca resolver la disputa mediante diálogo con las autoridades.
Una misma filosofía económica
Aunque un vendedor burundés y una multinacional india son casos completamente diferentes, las dos decisiones revelan una línea política común.
Ruto está defendiendo la idea de que la actividad económica desarrollada en Kenia debe producir más empleo, industrialización y beneficios directos para los kenianos.
En el caso de Tata, la discusión gira alrededor del aprovechamiento de recursos naturales y la transformación industrial.
En el pequeño comercio es alrededor del empleo, los permisos y la competencia.
El problema es dónde termina una política legítima de protección del mercado laboral y dónde comienza un discurso capaz de alimentar hostilidad hacia extranjeros que residen en el país.
Un problema que supera a Kenia
África oriental mantiene importantes movimientos de población entre países. Kenia es además una de las principales economías de la región y Nairobi funciona como centro comercial, financiero y tecnológico.
Una política más restrictiva hacia trabajadores y comerciantes extranjeros puede tener repercusiones sobre países vecinos, particularmente si otros gobiernos responden con medidas similares.
También existe un precedente africano que obliga a manejar estos debates con cuidado. Las tensiones económicas han provocado periódicamente episodios de violencia xenófoba en distintos países del continente cuando extranjeros son percibidos como competidores por empleos, viviendas o pequeños negocios.
No hay evidencia hasta ahora de que Kenia esté atravesando un episodio comparable. Medios informaron este lunes que no había señales de un operativo generalizado en Nairobi.
Pero los testimonios de burundeses que aseguran haber recibido amenazas muestran por qué el lenguaje político importa incluso antes de que las autoridades comiencen a aplicar una medida.
La prueba para Ruto
El Gobierno keniano enfrenta dos responsabilidades que no necesariamente son incompatibles. Puede exigir que quienes trabajan y hacen negocios en el país cumplan sus leyes migratorias y laborales.
También debe garantizar que extranjeros, refugiados y solicitantes de asilo no sean objeto de amenazas o persecución por su nacionalidad.
La forma en que aplique la orden determinará qué historia estamos realmente viendo, puede terminar siendo una operación administrativa contra comercios que incumplen las normas o puede convertirse en una cuestión política mucho mayor si produce expulsiones masivas, discriminación o violencia.
Por ahora, el primer efecto ya es evidente: cientos de burundeses están haciendo fila para marcharse antes de descubrir hasta dónde llegará la ofensiva anunciada por el presidente.
