@abrilpenaabreu
La frase pronunciada por el saliente director de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, durante el traspaso de mando, cayó como un riflazo en medio del ceremonial: “No dejen de luchar por lo correcto, aunque les cueste el puesto”.
Alrededor de esas palabras han circulado toda clase de conjeturas, se ha intentado interpretar a quién estaban dirigidas, qué episodios pudieron motivarlas y si contenían algún mensaje para personas concretas dentro o fuera de la institución, es comprensible, cuando una frase de esa naturaleza es pronunciada por quien acaba de abandonar la Dirección General de la Policía, la lectura política resulta inevitable.
Sin embargo, más allá de las especulaciones, hay una verdad esencial en sus palabras: hacer lo correcto no siempre es cómodo, no siempre genera reconocimiento y, en determinadas estructuras, puede tener consecuencias. Por eso la integridad exige carácter, especialmente cuando se ejerce autoridad pública.
Pero la intervención de Cruz Cruz también ofrece una oportunidad para discutir otro aspecto al que se ha prestado menos atención: la responsabilidad individual de los miembros de una Policía cuyas condiciones de vida, aunque todavía distan de ser ideales, han mejorado considerablemente durante el Gobierno del presidente Luis Abinader.
Durante décadas, cada denuncia de corrupción, extorsión o abuso policial encontraba una explicación inmediata: los agentes ganaban salarios miserables, carecían de seguro médico, pagaban su transporte, trabajaban en instalaciones precarias y llegaban al retiro con pensiones insuficientes.
Aquellas carencias eran reales, pero nunca debieron convertirse en una justificación para delinquir. La necesidad puede explicar una situación de vulnerabilidad; jamás concede permiso para extorsionar, robar, aceptar sobornos, alterar evidencias, proteger delincuentes o abusar de la autoridad.
Aun así, durante años esas condiciones fueron utilizadas como una especie de coartada social para determinados desafueros policiales o sencillamente para no cumplir con sus funciones, esa coartada que nunca debió existir comienza a agotarse.
El Gobierno ha aumentado sustancialmente los salarios. El agente de menor rango, que anteriormente recibía menos de diez mil pesos mensuales, pasó a devengar un salario base superior a los veintinueve mil pesos, sin contar los incentivos. ¿Es suficiente frente al costo de la vida y los riesgos del oficio? Probablemente no. ¿Representa una mejoría importante? Indiscutiblemente sí.
A esto se suman el Plan Máximo de SeNaSa para decenas de miles de policías y sus dependientes; transporte gratuito en la OMSA, el Metro y el Teleférico; proyectos de vivienda reservados para agentes; reajustes de pensiones; nuevos destacamentos; vehículos, uniformes y herramientas tecnológicas.
También se ha transformado el modelo educativo policial. Miles de agentes han recibido una formación más amplia en derechos humanos, ética, disciplina, proximidad comunitaria, investigación criminal, manejo de conflictos y uso proporcional de la fuerza.
Todavía falta mucho, faltan mejores salarios, más viviendas, mayor cobertura territorial, mejores horarios, apoyo psicológico y condiciones laborales acordes con el riesgo que implica proteger la vida y los bienes de los ciudadanos. La reforma no puede detenerse ni reducirse a uniformes, vehículos y discursos.
Pero reconocer lo pendiente no significa desconocer lo alcanzado, la vida del policía promedio ha mejorado y, con esa mejoría, también aumenta su responsabilidad frente a la sociedad.
El Estado tiene el deber de dignificar a sus agentes, pero dignificación y exigencia deben avanzar juntas. Cada beneficio concedido debe ir acompañado de evaluación, supervisión, depuración y consecuencias para quien deshonre el uniforme.
También sería profundamente injusto continuar justificando al policía que delinque, porque esa justificación ofende a los miles de agentes que, enfrentando las mismas limitaciones, cumplen correctamente con su deber. Policías que rechazan un soborno, protegen a una familia, arriesgan su vida y regresan a sus hogares sin haber utilizado su autoridad para obtener beneficios ilícitos.
Esos son los primeros perjudicados cuando uno de sus compañeros convierte el uniforme en instrumento de abuso, por eso la frase de Cruz Cruz merece ser rescatada de las conjeturas y colocada donde realmente importa: en el terreno de los principios.
Hacer lo correcto aunque cueste el puesto debe ser la regla de todo servidor público, pero con mayor razón de quien porta un arma y ejerce autoridad en nombre del Estado.
El Gobierno ha comenzado a cumplir su parte mejorando las condiciones de los policías, ahora corresponde profundizar la reforma y exigir que cada miembro cumpla la suya.
Las carencias nunca debieron ser excusas para no cumplir a cabalidad con su trabajo o delinquir. Hoy, con una institución mejor remunerada, asegurada, mejor equipada y formada, lo son mucho menos.
La integridad no puede depender del salario ni de la permanencia en un cargo, como afirmó el exdirector, requiere carácter. Y una Policía verdaderamente reformada no será aquella en la que hacer lo correcto cueste el puesto, sino aquella en la que actuar incorrectamente lo cueste inevitablemente.
