Santo Domingo – El exdirector de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez, cuestionó el anteproyecto de ley impulsado por la diputada del Partido Revolucionario Moderno, Maribel Almánzar de Ogando, al considerar que permitiría la concesión de la nacionalidad dominicana a extranjeros que habrían obtenido sus documentos de identidad por vías irregulares.
Rosario describió la propuesta como una «amnistía disfrazada», señalando que, pese a presentarse bajo la excusa de ayudar a personas supuestamente sin identidad, su verdadero objetivo sería crear un mecanismo de regularización basado en argumentos humanitarios.
El expresidente advirtió que la iniciativa podría entrar en conflicto con la Constitución de la República, con la Ley 169‑14 y con la sentencia 168‑13 del Tribunal Constitucional.
Recordó que la Ley 169‑14 establece procedimientos concretos para regularizar la situación de extranjeros que cumplan ciertos requisitos y que no hayan incurrido en falsedad documental.
Según Rosario, el nuevo anteproyecto podría favorecer a quienes, a su juicio, cometieron irregularidades contra el Registro Civil y el sistema nacional de identificación para conseguir una nacionalidad que, según él, no les corresponde.
También manifestó su inquietud por las posibles repercusiones en la seguridad, la estabilidad nacional y la integridad de los procesos electorales, al observar que su presentación, poco antes del ciclo electoral de 2028, podría responder a intereses distintos a los humanitarios.
Rosario sostuvo que la identidad personal está estrechamente vinculada al reconocimiento de derechos civiles, políticos y económicos, por lo que cualquier modificación en este ámbito debe respetar las disposiciones constitucionales y legales vigentes.
Frente a los reclamos de personas que alegan dificultades para obtener sus documentos de identidad, recomendó que cada caso sea llevado ante los tribunales para que las autoridades competentes analicen las circunstancias y determinen la solución adecuada.
Asimismo, llamó al Gobierno y a las instituciones responsables a aplicar la Ley General de Migración 285‑04, garantizando el debido proceso y el respeto a los derechos fundamentales.
El expresidente de la JCE insistió en que el anteproyecto no debe convertirse en un mecanismo general de reconocimiento de nacionalidad al margen de los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico dominicano.
