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Abogado y madre de joven denuncian presuntas irregularidades judiciales en Montecristi

by maria_lopez
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El abogado Elvin Tavárez y la señora Socorro del Carmen González pusieron en tela de juicio la orden de captura contra Miguel Ángel Peña González, quien está siendo acusado de haber secuestrado a su propia hija, y solicitaron la intervención de las autoridades judiciales.

Según ellos, la medida resulta abusiva y contraviene la normativa vigente, ya que sostienen que Peña González es el progenitor biológico de la menor y que tomó su custodia luego del fallecimiento de la madre.

«La orden de apresamiento emitida por la magistrada Gómez contra Peña González es una violación a las leyes y un abuso a todas luces», declararon los denunciantes.

Expusieron que la orden fue dictada por la jueza Javierca Antonia Gómez, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Judicial de Montecristi, tras aceptar la petición presentada por el fiscal Alexander de Jesús Peña.

Los implicados criticaron tanto a la magistrada como al fiscal, alegando la posible existencia de una coordinación irregular que, según su versión, debería ser investigada por los órganos competentes.

Defienden que el hecho de que el padre haya asumido la guarda de su hija no constituye delito; como señaló la madre: «En este caso no hay secuestro porque mi hijo Miguel Ángel es el verdadero padre de la menor y es él quien tiene que protegerla y asumir su tutela, como lo ha hecho».

Aunque no aportaron información sobre decisiones judiciales previas relacionadas con la custodia, señalaron que existen otras quejas contra la jueza Gómez y el fiscal De Jesús Peña, sin precisar expedientes, fechas ni resoluciones, e hicieron un llamado a las máximas instancias del poder judicial para que investiguen los hechos denunciados.

Se aclara que las acusaciones corresponden a declaraciones de los denunciantes y no constituyen resoluciones judiciales sobre la conducta de los funcionarios señalados; hasta la fecha no se ha recibido respuesta oficial de la jueza, del fiscal ni del Ministerio Público.

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