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Profamilia declaró hoy su respaldo total al proyecto de Ley de Respuesta Integral a las Violencias contra las Mujeres, conocida como Ley Mirabal, argumentando que su aprobación permitiría al país pasar de acciones fragmentadas a un marco legal completo con financiamiento definido para prevenir, atender y eliminar la violencia contra mujeres y niñas.
Magaly Caram, directora ejecutiva de Profamilia, reafirmó la posición de diversas organizaciones al indicar que la violencia contra las mujeres no se resolverá únicamente persiguiendo y castigando a los agresores; “también se necesita una respuesta integral del Estado y la sociedad que pueda prevenirla, detectarla a tiempo y rendir cuentas de los resultados”, sostuvo.
Caram subrayó que ese aspecto constituye uno de los mayores atributos del proyecto de Ley Mirabal, pues ofrece los instrumentos jurídicos e institucionales necesarios para exigir políticas públicas sostenidas; su éxito dependerá de una aprobación ágil, una reglamentación rigurosa y la asignación de recursos suficientes.
Según la directora, históricamente gran parte de la lucha contra la violencia de género ha sido impulsada por iniciativas aisladas de ONG, organismos internacionales o programas gubernamentales puntuales, los cuales presentan cobertura territorial desigual, falta de continuidad y dependen de fondos o voluntades políticas específicas.
Por ello, celebró que ahora el proyecto establezca responsabilidades para distintas entidades del Estado, no solo para el sistema judicial, exigiendo que incorporen la prevención de la violencia de género como política estatal; también resaltó como positivo el compromiso del sector salud en la detección temprana y atención de casos, incluso sin denuncia penal, y su coordinación con las instituciones de protección.
“Nuestra experiencia indica que los centros de salud deben jugar un rol esencial en la detección oportuna de situaciones de violencia que muchas mujeres aún no han denunciado; para ello es imprescindible contar con personal capacitado, protocolos adecuados, confidencialidad y mecanismos seguros de referencia y acompañamiento”, declaró Caram.
Caram concluyó que la violencia de género está arraigada en patrones estructurales que no se pueden erradicar solo con normas penales, pues “no son hechos aislados ni eventos sin causa, son estructuras que perpetúan la desigualdad; por eso es vital intervenir con políticas estatales que actúen directamente sobre las condiciones sociales que favorecen esa violencia, lo cual se busca con la Ley Mirabal”.
Profamilia es una entidad privada sin fines de lucro, fundada en 1966, que se dedica a la salud sexual y reproductiva, a la prevención y atención de la violencia de género y a la promoción de los derechos humanos.
