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Santo Domingo – La organización política Fuerza del Pueblo, a través de su Secretaría de Seguridad y Defensa, advirtió que el desvío de armamento de los inventarios militares y policiales dominicanos hacia grupos armados de Haití constituye una amenaza directa a la seguridad nacional y señaló posibles lazos o colusión entre esas bandas y ciertos sectores del Estado dominicano, lo que, según sus palabras, «vulnera los cimientos mismos del Estado».
El comunicado lo presentó el mayor general retirado Napoleón Terrero Figueroa, quien ocupa el cargo de vicesecretario de Seguridad y Defensa en la FP, en una rueda de prensa celebrada en la Casa del Pueblo Johnny Ventura.
Terrero, en representación de la agrupación, expresó su profunda inquietud luego de la difusión del informe del Panel de Expertos de la ONU sobre Haití, identificado con el número S/2026/714 y fechado el 8 de septiembre de 2026, el cual indica que municiones de origen dominicano han sido desviadas a organizaciones criminales haitianas, destacando a la banda 400 Mawozo como la principal beneficiaria.
Añadió que el documento, que consta de 95 páginas y 22 anexos, señala en el anexo 18 la existencia de dos convenios firmados en 2022 entre la compañía colombiana Industria Militar (Indumil) y el Ejército dominicano para la compra de municiones, y que cartuchos marcados con la firma ERD fueron encontrados en territorio haitiano.
«Este gravísimo hecho no es un simple error administrativo; constituye una amenaza directa y flagrante a la seguridad nacional», afirmó la Fuerza del Pueblo, advirtiendo que la situación compromete la soberanía, la paz y la integridad territorial del país.
Frente a estas acusaciones, la FP demandó la apertura de una investigación completa, independiente y transparente que rastree toda la cadena de custodia de las municiones, desde su origen hasta su destino final, identifique a los responsables y aplique las sanciones legales que correspondan.
Además, reclamó una «reestructuración absoluta» y el fortalecimiento de los mecanismos de trazabilidad, almacenamiento y control interno de los equipos y municiones, con el fin de erradicar cualquier margen para la corrupción.
La organización también solicitó la puesta en marcha de una pesquisa de contrainteligencia para detectar y desactivar posibles redes de infiltración o vínculos ilícitos entre militares o policías y bandas criminales extranjeras.
Entre sus propuestas, la FP planteó una cooperación total y proactiva con organismos internacionales, así como con las autoridades de Haití y Estados Unidos, para cortar y desmantelar las redes transnacionales de tráfico.
Terrero estuvo acompañado en la rueda de prensa por varios vicesecretarios de Seguridad y Defensa y por representantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, entre los que se encontraban oficiales retirados que ocuparon altos cargos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
En su carrera militar, el mayor general retirado desempeñó puestos como director de Inteligencia del Ejército (G2), jefe del Centro de Información y Coordinación Conjunta (CICC) de la Dirección Nacional de Control de Drogas, director de la Policía Nacional Electoral y comandante de cinco brigadas del Ejército de la República Dominicana.
Para cerrar, Terrero, en representación de la Fuerza del Pueblo, reiteró el compromiso de la agrupación con la seguridad nacional, la integridad de las instituciones militares y la defensa de los intereses del pueblo dominicano, e instó al Gobierno a ofrecer una «respuesta contundente y verdadera» sobre el desvío de municiones hacia las bandas haitianas.
