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El 29 de septiembre de 2026, el mandatario de la República firmó una normativa que altera el Reglamento de Licencias de Conducir, con el objetivo de dar pleno cumplimiento a la sentencia TC/0904/26 del Tribunal Constitucional y evitar un vacío legal que pudiera generar inseguridad jurídica a la población.
Dicha disposición elimina el Decreto número 330-26 y establece que la duración de las licencias y autorizaciones de manejo será idéntica para todos los titulares, finalizando el día de su cumpleaños, conforme al artículo 208 de la Ley número 63-17, que regula la Movilidad, el Transporte Terrestre, el Tránsito y la Seguridad Vial.
Con esta acción, el Poder Ejecutivo acata la orden del Tribunal Constitucional, el cual declaró inconstitucional cualquier diferenciación basada exclusivamente en la edad para acortar la vigencia de las licencias, e incorpora normas que garantizan la ausencia de discriminación por edad en los procesos de renovación.
El decreto deja claramente estipulado que la edad, por sí sola, no podrá constituir el único criterio para reducir, restringir o negar la vigencia de una licencia o autorización de conducir.
La evaluación de la capacidad para conducir se realizará mediante pruebas físicas, teóricas y prácticas, ejecutadas sin discriminación alguna, de acuerdo con las atribuciones que la Ley 63-17 otorga al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre.
La normativa recalca que la suspensión o anulación de una licencia solo será procedente por las causales previstas en la ley: el incumplimiento de los requisitos exigidos o la constatación, mediante certificado médico, de una incapacidad permanente, ya sea física o mental, para conducir, siempre garantizando el debido proceso administrativo.
Con esta determinación, el Gobierno dominicano reafirma su compromiso con el respeto al Estado social y democrático de derecho, la seguridad jurídica y la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, en especial de los adultos mayores, impulsando su integración activa en la comunidad sin exclusiones arbitrarias.
Así, el Poder Ejecutivo reitera su disposición a cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional, fortaleciendo el Estado de derecho del país y asegurando que el marco normativo sirva a la dignidad humana.
