@abrilpenaabreu
Hay errores y hay errores. O, para decirlo en buen dominicano, hay huevos y hay huevos. Después de un año de investigación, el comienzo de SeNaSa 2.0 deja dos episodios que obligan a cuestionar el rigor con el que se están ejecutando actuaciones capaces de trastornar una vida.
El primero ocurrió en una vivienda de personas mayores. Buscaban a una doctora, pero entraron en la casa equivocada. Encañonaron a sus ocupantes. Uno se identificó como militar y eso tampoco detuvo la intervención. Después de romper puertas y provocar el terror que cualquiera puede imaginar, advirtieron que se habían equivocado y se marcharon.
¿Y ya? ¿Quién repara lo destruido? ¿Quién responde por el miedo de esas personas dentro de su propia casa? ¿Dónde queda la explicación que merecen quienes, sin tener relación con lo investigado, terminaron enfrentando la fuerza del Estado?
Una dirección equivocada puede parecer un detalle para quien la escribió en un documento. Para quien tiene un arma apuntándole dentro de su hogar, es otra cosa.
El segundo episodio fue la detención de un especialista cuyos servicios no están cubiertos por ningún seguro de salud del país y que no trabaja con aseguradoras. Fue arrestado durante la noche o madrugada, como los demás, y liberado al día siguiente, antes de cumplirse veinticuatro horas, después de comprobarse que los servicios que ofrece no estaban vinculados con la cartera de SeNaSa.
Aquí estamos hablando de una investigación sobre cobros al seguro estatal: servicios, procedimientos, medicamentos. Por eso resulta indispensable preguntar qué elemento concreto vinculaba a ese médico con los cobros investigados y por qué la comprobación que permitió liberarlo no se realizó antes de detenerlo.
Después de un año investigando, ¿esa verificación quedó para el día siguiente del arresto? No estamos exigiendo poderes sobrenaturales. Estamos exigiendo que se comprueben las identidades, los domicilios y los vínculos que sirven de fundamento para intervenir una vivienda o privar a una persona de su libertad.
Para eso se investiga. Para eso se presentan elementos ante un juez. Para eso existe un control judicial, uno que evidentemente falló, porque como es posible que salga una orden de arresto contra alguien que practica una especialidad que no tiene cobertura? Y que el sentido común no primase ?
¿Qué verificó quien solicitó la orden? ¿Qué examinó quien la autorizó? ¿Dónde falló el proceso?
Decir que el médico fue liberado antes de veinticuatro horas no responde esas preguntas. Claro que correspondía liberarlo cuanto antes. Pero la libertad recuperada no borra automáticamente la exposición pública, la angustia familiar ni la sospecha que pudo quedar instalada sobre su nombre.
¿Pueden garantizar que todas las personas que vieron su rostro asociado al caso también conocerán su liberación y las razones de esta? ¿Pueden devolverle la tranquilidad con la misma facilidad con la que le permitieron marcharse?
Una reputación profesional se construye durante años, para dañarla pueden bastar una fotografía y un titular.
Y las personas mayores de la vivienda equivocada tampoco recuperan su tranquilidad porque quienes entraron se retiren. Las puertas se reparan con dinero. Volver a sentirse seguro dentro de la propia casa puede tomar bastante más.
SeNaSa merece una investigación rigurosa. Los recursos destinados a la salud de la población deben protegerse, y cualquier responsabilidad penal debe establecerse con pruebas. Precisamente por la gravedad del caso, las autoridades tienen la obligación de cuidar cada actuación. Sus errores perjudican a los afectados y debilitan la confianza pública en el trabajo que realizan.
Estos dos episodios no permiten concluir que los demás detenidos sean inocentes ni que todo el expediente carezca de sustento. Sí justifican exigir una revisión seria de los controles que fallaron y una explicación pública sobre cómo pudieron fallar.
Porque queda una pregunta incómoda: ¿qué ocurre con quien no tiene una trayectoria conocida, recursos para defenderse o una voz que consiga atención? ¿Quién detecta su error? ¿Quién logra que lo escuchen?
No podemos acostumbrarnos a que una equivocación del ciudadano tenga consecuencias y una equivocación de la autoridad se despache con un «ya lo soltamos» o «nos confundimos de casa».
La responsabilidad por daños causados en el ejercicio del poder debe poder exigirse de manera efectiva. Cuando se compruebe una actuación negligente o arbitraria, deben existir consecuencias, reparación para los afectados y medidas que impidan repetirla. Y si los mecanismos disponibles resultan insuficientes, corresponde fortalecerlos.
No toda equivocación implica negligencia. Pero llamar «error» a una actuación tampoco la exonera de examen. Hay que determinar qué ocurrió, qué información estaba disponible, qué se dejó de verificar y a quién correspondía hacerlo.
Después de un año de investigación, la ciudadanía tiene derecho a esperar algo más que comprobaciones posteriores al arresto y al allanamiento.
El Estado tiene poder para investigar, allanar y detener. Ese poder trae consigo una obligación proporcional de rigor y responsabilidad.
Porque marcharse de la casa equivocada no repara lo ocurrido. Y abrir la puerta de una celda tampoco devuelve intacta la vida que entró en ella.
