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En la fase final de la pesquisa que conduce el Ministerio Público, se detuvieron a 28 personas, entre ellas médicos de distintas especialidades y otros proveedores del sector salud, bajo la sospecha de haber participado en un presunto esquema de corrupción que habría empleado al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) para desviar miles de millones de pesos de fondos públicos.
Los capturados incluyen cirujanos ortopedistas, pediatras, ginecólogos y demás especialistas, además de dos individuos vinculados al ramo farmacéutico, según la información proporcionada por los abogados que representan a varios de los imputados.
Entre los nombres que han sido revelados por fuentes se encuentran el doctor Juan Gabriel Rodríguez Revelo, quien fuera subdirector del Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras, y otro médico citado por los medios como «un médico identificado por medios de comunicación». Los operativos comprendieron 37 allanamientos realizados en el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega.
Participaron en la acción 45 fiscales, 200 agentes de la Policía Nacional y 16 integrantes de la Unidad de Investigaciones Criminales, con el apoyo de la Dirección Nacional de Investigaciones del Ministerio Público. En los registros se incautaron bienes, efectivo, vehículos y armas de fuego, aunque aún no se ha divulgado el valor exacto de lo confiscado.
Esta etapa, conocida como Operación Cobra 2.0‑A, amplía la investigación para incluir a médicos y demás prestadores de servicios de salud, mientras que la fase anterior se había centrado mayormente en exfuncionarios de SeNaSa. Se están investigando posibles sobornos, doble facturación, falsificación de estados financieros, cobros por servicios que nunca se realizaron y el uso de documentos falsos, conductas que, según el MP, habrían ocasionado pérdidas de miles de millones de pesos a los afiliados.
El Ministerio Público ha manifestado su intención de procesar a los profesionales de la salud que presuntamente formaron parte de estas maniobras; los defensores de algunos detenidos señalan que la pesquisa gira en torno a facturas por servicios supuestamente inexistentes o modificadas. Hasta el momento no se ha publicado la lista completa de arrestados ni el monto exacto atribuido a esta nueva fase, información que se espera sea revelada en los próximos pasos del proceso judicial.
