@abrilpenaabreu
Estados Unidos ha solicitado a República Dominicana derogar el Decreto 693-24, que mantiene contingentes y aranceles para proteger la producción nacional de arroz. Washington tiene un argumento jurídico: el DR-CAFTA contemplaba que, desde enero de 2025, el arroz estadounidense tendría acceso ilimitado y sin aranceles al mercado dominicano.
El país conocía ese compromiso desde 2007. No fue una sorpresa ni una imposición de última hora. República Dominicana tuvo casi veinte años para preparar al sector.
Durante ese período, los gobiernos del PLD y del PRM realizaron inversiones importantes en el campo. Hubo financiamiento, programas de mecanización, infraestructuras de riego, apoyo técnico, preparación de terrenos y medidas dirigidas a mantener la producción y la estabilidad del mercado.
Podrá discutirse si las políticas fueron suficientes, estuvieron bien distribuidas o tuvieron la continuidad necesaria. Pero sería injusto afirmar que el Estado no hizo nada.
El problema es que una parte del sector productor y empresarial no avanzó con la rapidez que demandaba el calendario comercial. Durante casi veinte años, el arroz dominicano estuvo protegido y disfrutó de un mercado relativamente estable. Fueron años que debieron aprovecharse para transformar profundamente la producción.
¿Cuánto se reinvirtió en tecnología, semillas de mayor rendimiento, agricultura de precisión, almacenamiento, eficiencia energética y reducción de costos? ¿Cuántas factorías modernizaron sus operaciones? ¿Cuántos grandes productores se prepararon realmente para competir?
No es razonable exigir protección permanente mientras se conserva un modelo empresarial tradicional, resistente al cambio y dependiente del auxilio estatal. Tampoco se puede presentar al pequeño productor como escudo para proteger los intereses de toda la cadena, incluyendo a quienes sí contaron con recursos para modernizarse y no lo hicieron con suficiente rapidez.
Esto no significa que el país deba abandonar a sus arroceros. El arroz es un alimento esencial y sostiene a miles de productores, trabajadores, factorías y comunidades rurales. Una apertura abrupta podría enfrentar a nuestros agricultores con productores estadounidenses que operan con mayor escala, mecanización, tecnología y apoyo público.
Por eso, República Dominicana debe negociar con firmeza un régimen especial, una apertura gradual y mecanismos de apoyo compatibles con el tratado. Los pequeños y medianos productores necesitan una protección diferenciada porque no poseen la misma capacidad económica que los grandes actores del sector.
Pero cualquier extensión debe estar acompañada de metas verificables de productividad, inversión y reducción de costos. No podemos conseguir otros diez años para terminar exactamente en el mismo punto.
El Decreto 693-24 puede comprar tiempo, pero no puede sustituir indefinidamente la competitividad.
El Estado cumplió una parte de su responsabilidad mediante inversiones y programas de apoyo. Ahora corresponde al sector productor y empresarial explicar por qué, después de casi veinte años de protección y vacas gordas, la transformación no avanzó con la velocidad necesaria.
El arroz dominicano merece ser defendido, pero también modernizado. Protección sí; inmovilismo no. Porque proteger sin transformar solamente aplaza la próxima crisis.
