Proveedores del Programa de Alimentación Escolar solicitan publicar los expedientes, reinspeccionar las cocinas adjudicadas e investigar una posible concentración de contratos.
Santo Domingo.– Un grupo de micro, pequeñas y medianas empresas vinculadas al Programa de Alimentación Escolar (PAE) pidió al Gobierno detener temporalmente la entrega de anticipos correspondientes a contratos cuestionados, hasta que sean investigadas las denuncias presentadas durante el proceso de contratación para los años lectivos 2026-2027 y 2027-2028.
Las MIPYMES solicitaron al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), al Ministerio de Educación y a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) publicar los documentos legalmente divulgables de cada oferente en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
“Si todo se hizo correctamente, que lo demuestren. Que abran los expedientes, publiquen las evaluaciones, enseñen las cocinas y expliquen cada ración”, expresó Elizabeth Beriguete, contadora pública autorizada y consultora de MIPYMES.
Entre sus principales exigencias figura la realización de nuevas inspecciones, sin previo aviso, en las cocinas adjudicadas. Reclaman que se hagan públicos los formularios, resultados, puntuaciones, fechas de las visitas y nombres de los responsables de cada evaluación.
También piden que peritos independientes verifiquen las fotografías y puntuaciones utilizadas para seleccionar a los proveedores. Argumentan que la modificación de un solo punto puede cambiar el orden de los participantes y determinar la asignación de centros, raciones y recursos públicos.
Denuncian movimientos de centros y raciones
Las empresas aseguran haber presentado recursos de reconsideración y jerárquicos para cuestionar inspecciones, puntuaciones y adjudicaciones. Sin embargo, denuncian que, mientras esperan respuestas, algunos centros y raciones estarían siendo trasladados o reducidos.
Por esta razón, solicitaron que el MINERD publique el registro oficial de los centros educativos, su ubicación, matrícula, modalidad del PAE y cantidad de raciones requeridas, tanto antes de las licitaciones como después de la incorporación de planteles de nuevo ingreso.
El objetivo, explicaron, es comparar las raciones requeridas, licitadas, adjudicadas y modificadas posteriormente, además de identificar quién autorizó cualquier cambio y cuáles proveedores resultaron beneficiados.
Piden investigar presuntos “combos de cocinas”
Las MIPYMES también reclamaron investigar versiones que circulan dentro del sector sobre posibles “combos de cocinas”, mediante los cuales un mismo interés económico podría controlar varios establecimientos utilizando diferentes razones sociales o posibles prestanombres.
Los denunciantes aclararon que no atribuyen responsabilidad directa a personas o empresas determinadas, pero consideran que las autoridades deben identificar a los beneficiarios finales de las compañías adjudicatarias.
La investigación, indicaron, deberá establecer quién aportó el capital, compró los equipos, administra las operaciones, paga las nóminas y recibe los beneficios económicos.
Auditoría forense
El grupo propone realizar una auditoría forense independiente con especialistas en contratación pública, análisis de datos, informática, logística e inocuidad alimentaria.
La revisión deberá abarcar las evaluaciones, puntuaciones, capacidad instalada, ubicación de las cocinas, distribución de las raciones y estructura de propiedad de las empresas. También solicitan crear un canal seguro para recibir informaciones de proveedores, empleados, peritos, directores de centros educativos y transportistas.
Beriguete afirmó que el reclamo no busca paralizar el servicio ni afectar la alimentación de los estudiantes, sino evitar que contratos bajo cuestionamiento sean financiados antes de concluir las investigaciones.
“Con el dinero de la comida de los estudiantes no se negocia ni se juega. No queremos destruir al INABIE; queremos sacar del sistema las prácticas nocivas”, manifestó.
