Un carro bomba atribuido por el Ejército a disidencias de las FARC golpeó el suroccidente colombiano apenas un día después de la investidura de Abelardo de la Espriella. Casi simultáneamente, Estados Unidos anunció que planea destinar US$1,000 millones a la seguridad de Colombia, la cifra más alta desde los años del Plan Colombia. Los dos acontecimientos colocan la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados en el centro de la nueva relación entre Bogotá y Washington.
Un atentado convierte la promesa electoral en una prueba de gobierno
Abelardo de la Espriella apenas comenzaba a instalarse en la Presidencia de Colombia cuando la violencia le presentó la primera prueba concreta de la estrategia de seguridad que prometió durante la campaña.
Un carro bomba explotó en una estación de peaje de la carretera Panamericana, en el suroccidente del país y cerca de Cali, dejando dos guardias de seguridad heridos y daños materiales. El Ejército colombiano atribuyó el ataque a disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que rechazaron el acuerdo de paz firmado hace una década.
La coincidencia temporal es políticamente poderosa: el ataque ocurrió apenas un día después de que De la Espriella asumiera la Presidencia prometiendo precisamente una ruptura con la estrategia de negociación desarrollada por su antecesor, Gustavo Petro.
Durante su investidura en Cali, el nuevo mandatario advirtió que los grupos armados que no depongan las armas enfrentarán la fuerza del Estado. Su administración plantea combatir frontalmente el narcotráfico, reducir los cultivos ilícitos y recuperar territorios donde las organizaciones criminales mantienen capacidad de control.
Pero mientras Colombia recibía esa primera señal de violencia, desde Washington llegaba otra noticia que puede ser todavía más trascendente.
La administración de Donald Trump anunció que planea proporcionar US$1,000 millones en asistencia de seguridad al nuevo gobierno colombiano. Reuters informó del anuncio del Departamento de Estado, mientras El Espectador destacó que se trata de la cifra estadounidense más elevada destinada a Colombia desde los tiempos del Plan Colombia a comienzos de siglo.
Las dos noticias forman, en realidad, una sola historia: Colombia está entrando en una nueva etapa de su política de seguridad y Washington quiere desempeñar un papel central en ella.
De la “paz total” a una política de mayor presión militar
El cambio respecto del gobierno de Petro difícilmente podría ser más marcado.
Petro apostó por la denominada “paz total”, una política destinada a negociar simultáneamente con guerrillas y otras estructuras armadas para reducir la violencia y conseguir su sometimiento o desmovilización.
De la Espriella llegó al poder cuestionando ese modelo.
En su discurso inaugural prometió terminar con negociaciones que, a su juicio, hayan servido para fortalecer a organizaciones ilegales y planteó una respuesta más contundente contra los grupos que se nieguen a abandonar las armas. AP señala que el narcotráfico, la minería ilegal, el ELN y las disidencias de las FARC constituyen algunos de los principales desafíos de seguridad que hereda.
El nuevo gobierno ya comenzó a enviar señales.
De acuerdo con AP, 117 presos relacionados con anteriores procesos de paz fueron trasladados a establecimientos de máxima seguridad, una decisión presentada como parte del esfuerzo para romper redes criminales y recuperar el control penitenciario.
De la Espriella también anunció la incorporación de Colombia a Shield of the Americas, iniciativa estadounidense de cooperación regional en seguridad, y durante la campaña defendió medidas más agresivas contra los cultivos de coca.
El atentado en la Panamericana adquiere así una dimensión que supera el hecho criminal.
El gobernador del Cauca, Jorge Octavio Guzmán, sostuvo que el ataque podría formar parte de una estrategia destinada a aislar la región para facilitar el control territorial de las organizaciones armadas.
Ese territorio es particularmente sensible porque conecta zonas históricamente afectadas por el conflicto y corredores estratégicos hacia el Pacífico.
La ministra de Transporte, Elsa Noguera, anunció que el Gobierno trabajará para restablecer la infraestructura afectada y evitar que la violencia interrumpa la movilidad.
US$1,000 millones: Washington vuelve a apostar fuerte por Colombia
El anuncio estadounidense cambia la escala de la historia, el Departamento de Estado confirmó que la administración Trump planea proporcionar US$1,000 millones en asistencia de seguridad al gobierno de De la Espriella, reforzando la cooperación bilateral contra el narcotráfico y la violencia.
La cantidad resulta especialmente significativa cuando se observa históricamente, expertos señalan que sería el monto más alto destinado por Estados Unidos a asuntos colombianos desde la época del Plan Colombia, iniciado alrededor del cambio de siglo.
Aquella estrategia transformó profundamente la capacidad militar y policial del Estado colombiano. Estados Unidos proporcionó miles de millones de dólares durante años para fortalecer las Fuerzas Armadas, combatir el narcotráfico y enfrentar a las guerrillas. Sus defensores atribuyen al programa parte del debilitamiento militar de las FARC y de la recuperación territorial del Estado.
Sus críticos, sin embargo, han señalado durante décadas los costos humanos de determinadas estrategias, los efectos de las fumigaciones sobre comunidades rurales y las violaciones de derechos humanos cometidas durante distintos momentos del conflicto.
Por eso, hablar de un posible “Plan Colombia 2.0” puede ser útil para dimensionar políticamente lo que está ocurriendo, pero todavía sería prematuro afirmar que Washington y Bogotá están reconstruyendo exactamente aquel modelo.
Lo verificable hasta ahora es que el volumen anunciado y la rapidez con la que Washington se ha alineado con la nueva administración muestran una aceleración considerable de la cooperación en seguridad.
¿Qué busca Estados Unidos?
La importancia de Colombia para Washington trasciende el narcotráfico. Durante décadas, Bogotá ha sido uno de los aliados estratégicos más importantes de Estados Unidos en América Latina. Sin embargo, las relaciones atravesaron momentos particularmente tensos durante el gobierno de Petro.
Ahora existe una coincidencia política mucho mayor entre Trump y De la Espriella. El nuevo presidente colombiano llegó al poder prometiendo una ofensiva contra las organizaciones criminales y los cultivos de coca, mientras Washington intenta fortalecer una arquitectura regional de seguridad frente al narcotráfico y otras redes transnacionales.
Reuters señala que el paquete representa un fuerte respaldo estadounidense al nuevo gobierno y busca profundizar la cooperación en seguridad y estabilidad regional.
Para Washington, además, Colombia posee una ubicación estratégica excepcional. Tiene costas sobre el Caribe y el Pacífico y fronteras con Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá. Lo que ocurre dentro de Colombia puede afectar rápidamente rutas de narcotráfico, migración, seguridad fronteriza y comercio regional.
Esto explica por qué la política colombiana de seguridad nunca es exclusivamente colombiana.
Venezuela y Ecuador mirarán con especial atención
Una ofensiva sostenida contra grupos armados puede producir efectos fuera de las fronteras. Las organizaciones criminales no funcionan respetando límites nacionales. Los corredores del narcotráfico atraviesan distintos países y algunas estructuras armadas mantienen redes que se extienden por zonas fronterizas.
Por eso, una mayor presión militar colombiana puede producir al menos dos resultados diferentes. El escenario favorable sería que una combinación de inteligencia, cooperación internacional, control territorial y fortalecimiento institucional reduzca progresivamente la capacidad de las organizaciones criminales.
Pero existe otro escenario: que la presión desplace estructuras, cultivos y rutas hacia territorios vecinos.
Es el conocido “efecto globo” de las políticas antidrogas: se presiona una zona y la actividad ilícita reaparece en otra.
Ecuador resulta especialmente vulnerable debido al crecimiento de organizaciones vinculadas al narcotráfico internacional.
Venezuela, por su extensa frontera con Colombia, también será un actor inevitable en cualquier estrategia regional contra los grupos armados.
La pregunta, por tanto, no será solamente cuánto dinero aporte Estados Unidos, sino qué estrategia financiará ese dinero.
El regreso de la erradicación aérea abre otro debate. Uno de los componentes potencialmente más polémicos de la nueva política es la posibilidad de recuperar la erradicación aérea de cultivos ilícitos.
De la Espriella ha planteado una ofensiva agresiva contra la producción de coca que contempla nuevamente el uso de herbicidas mediante fumigación aérea.
El asunto tiene importantes implicaciones ambientales, sanitarias, sociales y diplomáticas.
Durante décadas, la erradicación aérea fue uno de los elementos más controvertidos de la estrategia antidrogas colombiana.
Las comunidades rurales han cuestionado históricamente los daños potenciales sobre cultivos legales y medios de subsistencia, mientras quienes respaldan el mecanismo argumentan que la magnitud de la producción de coca requiere herramientas capaces de actuar a gran escala.
Si el nuevo gobierno avanza por esa vía, probablemente enfrentará oposición política, litigios y resistencia en algunas comunidades.
El mayor desafío: que la seguridad no dependa solamente de las armas
El respaldo estadounidense ofrece a De la Espriella recursos importantes, pero el verdadero examen será cómo los utilice.
Colombia ya aprendió durante décadas de conflicto que recuperar territorio militarmente y gobernarlo efectivamente son dos problemas diferentes.
Cuando el Estado desplaza a un grupo armado pero no logra proporcionar carreteras, justicia, educación, seguridad permanente y oportunidades económicas, otra organización puede ocupar posteriormente el vacío.
Por eso, el éxito de la nueva estrategia dependerá de algo más que operaciones militares. También requerirá inteligencia financiera, fortalecimiento judicial, control penitenciario, lucha contra la corrupción y alternativas económicas para las comunidades donde los cultivos ilícitos constituyen una fuente de ingresos.
De lo contrario, Colombia podría reducir temporalmente determinados indicadores sin solucionar las condiciones que permiten que las economías criminales se regeneren.
Tres escenarios para la nueva estrategia Colombia-Estados Unidos
1. Recuperación territorial y debilitamiento del narcotráfico
Es el escenario que persiguen Bogotá y Washington: mayor cooperación de inteligencia, recursos estadounidenses y presión militar permiten reducir cultivos ilícitos y recuperar zonas dominadas por organizaciones criminales.
Una reducción sostenida de homicidios, secuestros, producción de coca y control territorial convertiría el modelo colombiano nuevamente en una referencia regional.
2. Escalada de violencia
Los grupos armados pueden responder aumentando atentados contra infraestructura, Fuerzas Armadas y objetivos civiles.
El carro bomba de las primeras horas del nuevo gobierno recuerda precisamente esa capacidad.
Una escalada prolongada obligaría a De la Espriella a demostrar hasta dónde está dispuesto a llevar su estrategia sin deteriorar las garantías democráticas.
3. Desplazamiento regional del crimen
Incluso si Colombia consigue resultados dentro de su territorio, las organizaciones pueden trasladar operaciones hacia países vecinos.
Ese escenario convertiría rápidamente una estrategia bilateral Colombia-Estados Unidos en un problema regional.
Una nueva etapa comienza bajo presión
El contraste difícilmente podría ser más simbólico. Por un lado, un carro bomba recuerda que las organizaciones armadas todavía poseen capacidad para desafiar al Estado colombiano.
Por el otro, US$1,000 millones de Washington muestran que De la Espriella comenzará su mandato con un nivel extraordinario de respaldo estadounidense para ejecutar la política de seguridad que prometió.
Ambos acontecimientos ocurrieron prácticamente al mismo tiempo y juntos plantean la pregunta que probablemente acompañará al nuevo gobierno durante los próximos meses:
¿está Colombia ante el nacimiento de una nueva estrategia de seguridad capaz de reducir el poder del narcotráfico y los grupos armados, o ante el comienzo de otro ciclo de confrontación?
Todavía es demasiado pronto para responder. Lo que sí puede afirmarse es que la seguridad volvió a convertirse en el centro de la relación entre Colombia y Estados Unidos, y lo que ocurra con ese experimento tendrá consecuencias mucho más allá de Bogotá.
