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La solicitud de inmunidad que Nicolás Maduro intenta obtener para eludir el proceso penal en EE.UU. se enfrenta a un nuevo escollo, pues la Fiscalía federal ha señalado que el gobierno venezolano nunca presentó una petición formal para que se le conceda esa protección, a diferencia de lo ocurrido con Delcy Rodríguez, a quien Washington ya reconoce como jefa de Estado interina.
Esa posición quedó reflejada en un memorando entregado el viernes al juez Alvin K. Hellerstein, quien lleva la causa contra Maduro y su esposa Cilia Flores.
En el escrito, los fiscales afirman que Venezuela no ha invocado la inmunidad para ninguno de los dos en el proceso penal abierto ni en los demás litigios pendientes en territorio estadounidense.
El documento forma parte de la respuesta de la administración del presidente Donald Trump a los intentos de la defensa de Maduro de lograr la desestimación de los cargos bajo el argumento de que, como jefe de Estado extranjero, tendría derecho a la inmunidad consagrada.
Según el memorando, el Gobierno venezolano sí gestionó la inmunidad para Delcy Rodríguez en una demanda civil presentada en Florida, identificada como case number. En esa causa ambos aparecían como demandados.
La petición fue enviada por la Embajada de Venezuela el 14 de mayo mediante una nota diplomática, con el objetivo de que las autoridades estadounidenses reconocieran a Rodríguez como jefa de Estado y le otorgaran la protección correspondiente frente a ese pleito.
El 20 de julio, el Poder Ejecutivo de EE.UU. informó al tribunal de Florida que aceptaba a Rodríguez como la máxima autoridad de Venezuela, concediéndole la inmunidad frente a la demanda civil.
La Fiscalía subrayó que, en el mismo expediente, no se presentó una solicitud semejante para Maduro, lo que consideran un punto clave para valorar los argumentos de la defensa del exmandatario.
Maduro fue arrestado el 3 de enero durante una operación militar estadounidense en Caracas y trasladado a territorio norteamericano junto a Cilia Flores. Ambos están acusados de narcotráfico, tráfico de armas y conspiración de narcoterrorismo.
El expresidente ha declarado su inocencia y sigue recluido en una prisión de Brooklyn mientras su equipo legal busca que el caso sea desechado al invocar la inmunidad que, según ellos, corresponde a un jefe de Estado.
La Fiscalía rechaza esa interpretación, señalando que EE.UU. dejó de reconocer a Maduro como presidente de Venezuela en enero de 2019, postura que, según el memorando, sigue vigente.
En contraste, el Gobierno de EE.UU. reconoció oficialmente a la administración encabezada por Rodríguez el 7 de marzo de 2026, después de la captura de Maduro, y sostiene que ella representa al Estado venezolano ante las instituciones estadounidenses.
Los fiscales también argumentan que los tribunales deben respetar la determinación del Ejecutivo estadounidense sobre quién ejerce la jefatura de Estado en otro país, con la intención de impedir que Maduro invoque su antiguo cargo para detener el proceso penal.
El juez Hellerstein escuchará los alegatos de ambas partes el próximo 17 de noviembre, en una nueva fase de la discusión sobre la inmunidad y las peticiones de desestimación presentadas por Maduro y Flores.
La Fiscalía solicitó que se rechacen ambas mociones, lo que permitiría que el juicio continúe. De no producirse cambios en el calendario, el proceso está programado para iniciar en junio de 2027.
La determinación sobre la inmunidad será crucial para el futuro del caso, pues enfrenta la postura del Ejecutivo estadounidense respecto al reconocimiento de autoridades extranjeras contra los argumentos de defensa de Maduro sobre las supuestas protecciones jurídicas que él considera legítimas.
