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Miles de alumnos de secundaria, apoyados por sindicatos y colectivos universitarios, se movilizaron este martes en Francia exigiendo mejores condiciones, bajo una intensa vigilancia policial que no ha logrado frenar los disturbios con enfrentamientos contra la autoridad.
Desde finales de septiembre, los jóvenes bloquearon la entrada de cientos de colegios donde asisten adolescentes de 15 a 18 años, alzando la voz contra la escasez de profesores sustitutos, horarios sobrecargados, aulas en ruinas y la falta de medidas frente al cambio climático.
Si bien la mayoría de las protestas transcurrieron sin violencia, algunos manifestantes prendieron fuego a contenedores de basura, destrozaron marquesinas de autobuses y se enfrentaron a la policía antidisturbios, que respondió con porras, gases lacrimógenos y balas de goma.
Desde la madrugada, agrupaciones estudiantiles se reunieron de forma pacífica frente a los centros educativos.
En París, alrededor de cien jóvenes ocuparon el instituto Sophie Germain; varios escalaron contenedores de residuos y portaron pancartas con lemas como «Demasiado jóvenes para ser escuchados, lo bastante mayores para que nos tiren gases».
En el lycée Saint‑Exupéry de Créteil, al sureste de la capital y epicentro de la protesta, los estudiantes erigieron vallas desde temprano frente a la puerta principal. «Estamos aquí para hacer oír nuestra voz, demasiado a menudo olvidada», declaró Abderrahmane Abdelkader.
El Ejecutivo informó que, desde el arranque del movimiento, 215 estudiantes, 85 docentes y 715 agentes policiales resultaron heridos. Un menor de 15 años perdió una mano el lunes tras recoger, según una fuente sindical policial, una granada de dispersión lanzada por efectivos antidisturbios en Lens, norte del país.
Las movilizaciones se producen a pocos meses de la elección presidencial de 2027, que definirá al sucesor del centroderechista Emmanuel Macron, mientras el Gobierno intenta aprobar un presupuesto con fuertes ajustes fiscales para reducir el déficit y la deuda pública, en medio de nerviosismo en los mercados.
El Estado busca atender algunas de las demandas estudiantiles y, al mismo tiempo, acusa al partido de izquierda radical La Francia Insumisa (LFI) de estar detrás de los actos. Su líder y candidato Jean‑Luc Mélenchon manifestó su apoyo a los manifestantes, aunque los instó a usar métodos no violentos.
Las autoridades prevén nuevas concentraciones en todo el territorio, estimando entre 20 000 y 40 000 manifestantes solo en París.
La oficina del primer ministro, encabezada por el centroderechista Sébastien Lercornu, pidió que las concentraciones sean «pacíficas» y que la oposición retome una vía «estructurada, legal y democrática».
El Gobierno enfrenta críticas por la dureza de su respuesta.
Varios sindicatos y organizaciones de derechos humanos denunciaron a la policía por usar una fuerza desproporcionada contra las manifestantes, entre ellos Amnistía Internacional, que solicitó el lunes «poner fin a la represión policial desproporcionada».
«Las imágenes y testimonios ampliamente difundidos en la última semana plantean preocupaciones alarmantes sobre el uso peligroso de gases lacrimógenos, porras y técnicas de intervención policial», declaró Anne Savinel‑Barras, de Amnistía.
Sophie Binet, dirigente del sindicato CGT, afirmó que sus afiliados estarían presentes para «proteger a los estudiantes de liceo».
El ministro del Interior, Laurent Núñez, comunicó el lunes por la noche que la policía abrió diez investigaciones internas por presuntas actitudes brutales desde el inicio de las protestas.
Desde que comenzó el movimiento, 24 centros escolares fueron incendiados o saqueados, y más de 5 000 personas, el 87 % de ellas menores, fueron detenidas, según datos oficiales.
El primer ministro pretende abordar la escasez de docentes y la renovación de los edificios deteriorados, al tiempo que impulsa una ley que obligará a los responsables de daños a la propiedad pública a cubrir los costos de reparación.
