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El dirigente de la Fundación Justicia y Desarrollo Local (FUJUDEL) manifestó que los lineamientos derivados del estudio elaborado por CAPEL a solicitud de la Junta Central Electoral (JCE) deben convertirse en acciones concretas que fomenten la participación ciudadana en los procesos electorales.
Vicente señaló que los índices de abstención registrados en las elecciones de 2024 constituyen una señal de alarma para la democracia nacional y, por esa razón, planteó la urgencia de diseñar una hoja de ruta nacional que oriente el calendario electoral hasta los comicios de 2028. Añadió que las propuestas del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), adscrito al Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), deben materializarse en políticas y medidas palpables.
«El mayor riesgo es que este valioso estudio quede archivado como un simple diagnóstico. Ahora corresponde pasar al siguiente nivel: elaborar una hoja de ruta que defina responsabilidades, prioridades y acciones específicas para atacar las causas de la abstención antes de 2028», afirmó.
Respecto a la preocupación por la abstención, el presidente de FUJUDEL destacó la escasa participación de los dominicanos que viven en el exterior, la cual, según los datos citados, rondó el 19 %, lo que implica una abstención cercana al 81 % entre esta población.
El análisis también indica que los motivos van más allá de una simple apatía electoral. Un 47 % de los encuestados considera que las opciones políticas disponibles son “más de lo mismo”, evidenciando una desafección marcada. Al mismo tiempo, el 74 % de la población sigue respaldando la democracia como forma de gobierno, lo que, a juicio de Vicente, muestra que no se trata de ciudadanos que rechazan el sistema, sino de personas que exigen propuestas más creíbles, una política que responda a sus necesidades y una representación más cercana.
Vicente, especialista en derecho electoral y catedrático universitario, sostuvo que la lucha contra la abstención no puede recaer exclusivamente en la JCE. Reconoce que la Junta tiene competencias en accesibilidad, educación cívica y organización de los comicios, pero insiste en que los partidos políticos y sus candidatos también deben asumir responsabilidades, pues «no podemos pretender resolver un problema político únicamente con medidas administrativas».
El líder de la sociedad civil propuso que la construcción de la hoja de ruta hacia 2028 se lleve a cabo con la participación activa de la JCE, los partidos políticos, la sociedad civil, la academia y demás actores del sistema democrático.
Entre las cinco áreas prioritarias que Vicente enumeró se encuentran: recuperar la confianza ciudadana; fortalecer la educación cívica y electoral; lograr una mayor vinculación de los partidos con las demandas sociales; revisar y eliminar barreras que dificulten el ejercicio del sufragio; y diseñar acciones específicas para facilitar la participación de los dominicanos en el exterior. Según el estudio, la abstención se concentra mayormente en zonas urbanas, y factores como la confianza en las instituciones, la percepción de la utilidad del voto y la valoración de la oferta política influyen más que la edad o el género.
El académico señaló que el país cuenta con tiempo suficiente para implementar esas medidas antes de los próximos comicios generales, pero advirtió que no deben postergarse hasta el último momento. «De cara a 2028 tenemos tiempo suficiente para actuar, pero no debemos esperar al próximo proceso electoral para comenzar», afirmó.
Finalmente, el presidente de FUJUDEL elogió la investigación de CAPEL, pero indicó que su verdadero impacto dependerá de que las instituciones y los actores políticos transformen sus recomendaciones en acciones verificables. «El desafío ahora es convertir ese conocimiento en una hoja de ruta nacional para recuperar la confianza, acercar la política a la ciudadanía y lograr que en 2028 más dominicanos entiendan que su voto puede hacer la diferencia», concluyó.
