RDalDescubierto
En las últimas horas se dio a conocer que una sentencia de la Jurisdicción Inmobiliaria determinó que el financiamiento no se entregó en su totalidad y ordenó liberar las hipotecas sobre 55 de los 73 inmuebles que inicialmente se habían puesto como garantía.
El empresario Daniel Cordero Guerrero ha decidido presentar ante las autoridades una disputa financiera centrada en un pagaré por US$908,500, emitido dentro de una operación de préstamo de US$1 millón; sin embargo, según la resolución citada por su defensa, solo se habría acreditado un desembolso aproximado de US$253,035. La brecha entre ambas cifras es ahora el eje del reclamo de Cordero y su equipo legal, que buscan precisar la cantidad realmente entregada y el fundamento del pagaré utilizado en posteriores actuaciones.
En el núcleo del conflicto se encuentra J. Armando López Holding Group, S.R.L., la entidad que actuó como financiadora, y su gerente registrado, Rafael Antonio Martínez Mendoza. La postura de Cordero parte de una premisa clara: no niega la existencia de una deuda demostrable, pero exige que cualquier importe reclamado sea sustentado con transferencias, cheques, estados bancarios y demás pruebas que permitan reconstruir el trayecto del dinero.
El origen de la operación se remonta al 21 de abril de 2023, cuando se firmó un contrato mediante el cual J. Armando López Holding Group, S.R.L. se obligó a aportar US$1 millón para continuar un proyecto inmobiliario en la zona Este del país. Como garantía se comprometieron inicialmente 73 inmuebles, estableciéndose un plazo de doce meses y una tasa de interés del dos por ciento mensual. No obstante, la representación de Cordero sostiene que el monto total pactado nunca fue entregado. La controversia fue llevada a la Segunda Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de La Altagracia, donde se revisaron los documentos y movimientos financieros; la sentencia citada indica que los desembolsos acreditados ascendieron a unos US$253,035, cifra muy inferior al millón de dólares previsto.
Ante esta situación, la parte denunciante plantea una cuestión directa: si en el proceso judicial solo se pudieron comprobar alrededor de US$253 mil, ¿qué respalda el pagaré de US$908,500? Cordero niega haber recibido dos préstamos independientes y afirma que nunca recibió ni el millón de dólares ni los US$908,500 adicionales que se reclaman.
El expediente, por tanto, deja sobre la mesa tres montos: US$1,000,000 como cantidad originalmente contratada; aproximadamente US$253,035 como desembolsos acreditados según la decisión judicial; y US$908,500 como valor del pagaré notarial. La discusión que Cordero pretende llevar ante las autoridades se concentra en la relación entre esas cifras, reduciéndose esencialmente a la pregunta de dónde provienen los US$908,500 que supuestamente respaldan el pagaré.
Hasta el momento, ninguna de las partes involucradas ha ofrecido comentarios adicionales.
