Por Abril Peña
Haití intenta celebrar sus primeras elecciones nacionales en una década mientras cerca de 1.5 millones de personas permanecen desplazadas, casi 200,000 han sido retornadas forzosamente al país en apenas ocho meses y las bandas demuestran que todavía pueden matar, secuestrar y expulsar comunidades enteras. Antes de preguntarnos quién ganará las elecciones, quizá deberíamos preguntarnos algo más elemental: ¿quién controla realmente Haití?
Haití tiene un calendario electoral, pero tener una fecha no significa tener elecciones, el país pretende volver a las urnas después de aproximadamente una década sin elecciones nacionales, sobre el papel, eso representa una oportunidad indispensable para recuperar legitimidad institucional, abandonar las interminables transiciones y devolver a los haitianos la posibilidad de escoger a quienes los gobiernan.
El problema es que para ejercer democracia primero hay que tener Estado y luego hoy, en importantes territorios de Haití, esa es precisamente la institución que está en disputa.
Kenscoff fue una advertencia
La última matanza lo demostró brutalmente, en Kenscoff, una comunidad montañosa próxima a Puerto Príncipe que durante años fue considerada relativamente segura, hombres armados atacaron durante la noche del 23 de agosto.
El balance verificado por Naciones Unidas es de al menos 47 muertos —incluidos cinco niños—, 22 heridos y más de 50 secuestrados. Viviendas fueron incendiadas y unas 2,647 personas tuvieron que abandonar sus hogares.
Algunas de las víctimas habían buscado refugio precisamente donde cualquiera esperaría encontrarlo: una iglesia… No lo encontraron.
La ONU estima que 22 personas fueron asesinadas en el patio del templo y alrededor de una docena detrás del edificio, después llegó otra demostración de poder.
Los secuestradores amenazaron con ejecutar a los rehenes si las fuerzas de seguridad mataban a integrantes de la banda, posteriormente fueron liberados seis niños y siete mujeres, pero el episodio dejó algo mucho más inquietante que las propias cifras: un grupo armado estaba imponiendo condiciones al Estado sobre cómo podía responder a una masacre.
Ese es el verdadero problema haitiano, ya no hablamos solamente de delincuencia, durante demasiado tiempo se ha descrito la situación de Haití como una “crisis de seguridad”, la expresión comienza a quedarse corta.
Una organización criminal que roba, secuestra o trafica drogas representa un problema de seguridad pública, pero cuando grupos armados controlan territorios, carreteras y comunidades; condicionan la circulación de personas y mercancías; expulsan habitantes; desafían a las fuerzas de seguridad y tienen capacidad para determinar quién puede permanecer en determinadas zonas, estamos ante algo diferente.
Estamos ante una disputa por funciones elementales del Estado y las cifras muestran hasta dónde ha llegado.
A mediados de mayo, 1.47 millones de personas estaban desplazadas dentro de Haití, alrededor del 12% de toda su población. Más de la mitad son niños. Naciones Unidas advierte además que muchos de quienes intentan regresar a sus comunidades encuentran inseguridad, servicios básicos limitados y ausencia sostenida del Estado.
Es una cifra extraordinaria, equivale a tener una parte considerable de la población de un país viviendo fuera de su hogar sin haber cruzado siquiera una frontera internacional.
Y mientras Haití expulsa población, el mundo se la devuelve y aquí aparece otra contradicción brutal, mientras casi 1.5 millones de personas están desplazadas dentro del propio Haití, otros países están aumentando los retornos hacia ese mismo territorio, porque después de todo, nadie está obligado a cargar con los problemas de Haití y hacer lo contrario sería abrir una llave.
Naciones Unidas informó este viernes ante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad que casi 200,000 personas han sido retornadas forzosamente a Haití durante los primeros ocho meses de 2026.
Son aproximadamente 10% más que durante el mismo período del año pasado. Muchas llegan sin dinero, documentación ni redes de apoyo. Entre ellas hay mujeres embarazadas, menores no acompañados, personas con discapacidad y sobrevivientes de violencia sexual.
Detengámonos en lo que eso significa, estamos devolviendo personas a un país que tiene dificultades para alojar a quienes ya viven allí y un país donde comunidades enteras abandonan sus hogares porque hombres armados avanzan sobre ellas? Un país donde el Estado todavía intenta recuperar control territorial.
Y un país que, simultáneamente, pretende organizar elecciones nacionales, las cuatro crisis no ocurren separadamente, se alimentan entre sí.
Entonces, ¿quién garantizará las elecciones?
Antes de preguntarnos quién puede ganar las próximas elecciones haitianas deberíamos responder algo bastante más básico: ¿quién tiene hoy suficiente poder para garantizar que los haitianos puedan votar?
¿Podrán los candidatos recorrer libremente el país? ¿Quién protegerá los centros de votación? ¿Cómo llegarán las urnas y el personal electoral hasta comunidades bajo influencia de grupos armados? ¿Dónde votará el casi millón y medio de desplazados? ¿Podrá un ciudadano acudir a votar sin atravesar territorios donde otros deciden quién circula? ¿Y qué ocurrirá si una banda decide intimidar una comunidad, impedir la participación o favorecer determinados intereses?
Una elección no se vuelve democrática simplemente porque se coloquen urnas, para que exista democracia, el ciudadano debe poder escoger sin miedo, escuchar distintas propuestas, desplazarse libremente y confiar en que su decisión será respetada.
Si para acudir a las urnas necesita la tolerancia de un jefe armado, la soberanía popular ya está condicionada y sería una democracia bajo secuestro.
La comunidad internacional tampoco puede seguir contando misiones. Durante años Haití ha recibido misiones, programas, fondos, contingentes, planes de estabilización y nuevas estructuras de seguridad.
Y, sin embargo, la violencia continúa desplazándose geográficamente, la propia ONU advierte que mientras aumenta la presión contra las bandas en algunas zonas de Puerto Príncipe, los grupos armados están expandiendo sus operaciones hacia territorios anteriormente considerados más seguros.
Eso obliga a revisar el enfoque, porque recuperar militarmente una calle no significa recuperar un territorio.
Después de la Policía tienen que llegar la justicia, las escuelas, los hospitales, la administración pública, las oportunidades económicas y una autoridad capaz de permanecer.
Si el Estado entra hoy y desaparece mañana, el espacio simplemente vuelve a quedar disponible para quien tenga más hombres y más armas.
Hay otra pregunta que casi nunca recibe suficiente atención ¿Quién sostiene económicamente a las bandas? Las armas no aparecen espontáneamente, le municiones cuestan dinero, los vehículos, comunicaciones, drones, combustible y operaciones criminales necesitan redes de abastecimiento y están sospechosamente bien armados.
Y precisamente esta semana el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas volvió a discutir el flujo ilícito de armas hacia Haití después de la nueva ola de ataques, por eso perseguir únicamente al hombre que dispara es insuficiente.
Hay que perseguir también el dinero, las armas, las rutas de abastecimiento, las complicidades empresariales y políticas y las redes internacionales que permiten funcionar a esas estructuras, de lo contrario, cada jefe criminal eliminado terminará siendo sustituido por otro.
República Dominicana no puede observar esto como espectadora, para República Dominicana, Haití no es simplemente otro tema de política internacional.
Compartimos una isla y una frontera terrestre de casi 400 kilómetros, cuando el Estado haitiano pierde territorio, las consecuencias potenciales pueden alcanzar nuestra frontera mediante migración irregular, tráfico de personas, contrabando, armas y expansión de redes criminales.
Eso no convierte al ciudadano haitiano en una amenaza, es importante hacer esa distinción, la inmensa mayoría de los haitianos son precisamente las víctimas de este colapso, como demuestran los casi 1.5 millones de desplazados internos.
Pero reconocer esa realidad humanitaria tampoco significa renunciar a la prudencia, República Dominicana tiene derecho a controlar su frontera, identificar correctamente a quienes ingresan, combatir las redes de tráfico y proteger su territorio.
Y tiene también derecho a exigir que la comunidad internacional asuma una responsabilidad proporcional al tamaño del problema.
Porque existe una contradicción difícil de defender: el mundo no puede retornar casi 200,000 personas hacia Haití en ocho meses y después esperar que República Dominicana absorba silenciosamente las consecuencias de una crisis que ningún país podría manejar solo.
Las elecciones son necesarias, pero no son suficientes.
Haití necesita elecciones, necesita autoridades legitimadas por sus ciudadanos y necesita terminar con una transición política permanente que cambia nombres sin conseguir reconstruir instituciones.
Pero tampoco podemos convertir las urnas en una solución mágica, un calendario electoral no sustituye al Estado.
Si antes de votar no existen condiciones mínimas de seguridad y libertad, unas elecciones precipitadas pueden terminar ofreciendo apariencia democrática a un país donde el verdadero poder territorial continúa fragmentado.
Por eso la pregunta decisiva ya no es solamente cuándo votará Haití, es quién tendrá el control cuando llegue ese día.
¿Las autoridades electorales, las fuerzas de seguridad y los ciudadanos? ¿O los hombres armados capaces de decidir quién circula, quién abandona su casa y quién puede regresar?
Porque un país no recupera la democracia simplemente cuando anuncia elecciones, la recupera cuando ningún hombre armado tiene poder suficiente para decidir quién vota, quién gobierna y quién tiene derecho a permanecer en su propia comunidad.
Y después de Kenscoff, de casi 1.5 millones de desplazados y de 200,000 personas devueltas a la fuerza en apenas ocho meses, esa continúa siendo la gran batalla geopolítica de Haití: determinar si el próximo gobierno gobernará realmente el territorio o simplemente ocupará las instituciones de un Estado cuyo poder se disputa en las calles.
