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El jurista y diplomático Olivo Rodríguez Huertas declaró que resulta inviable obligar al presidente Luis Abinader y al Consejo Nacional de la Magistratura a escoger exclusivamente a un magistrado de carrera como presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial.
Rodríguez recordó que dentro de la alta corte existen magistrados con la capacidad y la preparación necesarias, pero también subrayó que en la República abundan juristas con la experiencia y aptitud requeridas para dirigir el Poder Judicial.
Rememoró la renovación de la Suprema Corte y los cambios extraordinarios iniciados en 1997, cuando el magistrado Jorge Subero Isa, sin haber desarrollado una carrera judicial, junto a un grupo de juristas de prestigio, encabezó la institución por más de una década, aportes que todo el país reconoce como valiosos para el sistema de justicia.
En una entrevista con Héctor Herrera Cabral dentro del programa D´AGENDA, emitido los domingos para la comunidad dominicana en Estados Unidos, el experto en Derecho sostuvo: “No debemos sorprendernos ni objetarnos porque el presidente de la República seleccione a un jurista para presidir la Suprema Corte; no es indispensable que sea un juez de la carrera judicial”. Añadió que la costumbre en la nación ha sido que los presidentes de la SCJ provengan de la recomendación del mandatario en funciones, puesto que esa figura también preside el Consejo Nacional de la Magistratura. Así se dio bajo los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina, y consideró injusto imponerle al presidente Luis Abinader una “camisa de fuerza” exigiendo que el nuevo presidente de la SCJ sea obligatoriamente un juez de carrera.
El diplomático explicó que la normativa establece que el 75 % de los magistrados de la Suprema Corte deben ser jueces de carrera, mientras que el 25 % restante puede provenir de otras instancias como el Ministerio Público, órganos extrapoder o juristas con destacada trayectoria profesional y cívica. Valoró los aportes al sistema judicial realizados durante la gestión del anterior presidente de la Corte, Mariano German Mejía, y la reciente labor del magistrado Luis Henry Molina. Concluyó que el presidente de la Suprema Corte no solo actúa como juez, sino también como gestor y administrador, al frente del órgano de gobierno previsto por la Constitución de 2010, el Consejo del Poder Judicial.
