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Según la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la masacre ocurrida el 23 de agosto en Kenscoff, zona periférica de Puerto Príncipe, vuelve a poner en relieve la brutalidad extrema que ejercen las pandillas armadas contra la ciudadanía, alimentada por el continuo ingreso clandestino de armas y municiones al territorio haitiano.
El ataque dejó, como mínimo, 47 fallecidos y 22 personas con heridas; estos números se insertan dentro de una ola de violencia que ha cobrado miles de vidas a lo largo del año. Entre los meses de abril y junio se contabilizaron 1.408 muertos y 656 heridos vinculados a enfrentamientos entre bandas, a lo que se suman 326 casos de violencia sexual, aunque la ONU advierte que la cifra real probablemente sea mucho mayor por el temor a represalias, el estigma social, la dificultad de acceso a servicios de atención y la desconfianza en la Policía.
Las fuentes consultadas subrayaron que la disponibilidad de armamento constituye ahora un elemento determinante para que las pandillas mantengan y amplíen su dominio territorial. En ese sentido, el día posterior a la masacre, una organización criminal operante en Puerto Príncipe exhibió en sus redes sociales un nuevo cargamento de armas de origen extranjero. Este suministro se produce pese al embargo de armas que Naciones Unidas impuso a Haití desde 2022.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a las autoridades haitianas a reforzar la protección de la población y a garantizar investigaciones independientes e imparciales sobre los abusos y violaciones cometidos. Asimismo, solicitó que las unidades judiciales especializadas en crímenes masivos estén plenamente operativas y que se despliegue de manera efectiva la Fuerza de Supresión de Bandas (GSF).
El desarrollo de estos hechos sigue siendo observado de cerca por los distintos sectores interesados, que demandan respuestas concretas y acciones contundentes para frenar la escalada de violencia.
