@abrilpenaabreu
Durante décadas, la Policía Nacional ha utilizado la expresión “intercambio de disparos” para explicar muertes ocurridas durante operativos. Sin embargo, videos, testimonios y denuncias de familiares han puesto en duda algunas de esas versiones, obligando a formular una pregunta incómoda: ¿estamos ante enfrentamientos legítimos o ante posibles ejecuciones encubiertas?
La Policía tiene el deber de combatir la delincuencia y sus agentes poseen el derecho de defenderse cuando sus vidas están en peligro. Negarlo sería desconocer la violencia que enfrentan diariamente. Pero esa realidad no significa que cada versión oficial deba aceptarse sin investigación.
Ninguna institución puede provocar una muerte, investigar los hechos y validar por sí misma su propia actuación.
Cuando una persona muere durante un operativo, la investigación debe quedar en manos del Ministerio Público y apoyarse en pruebas forenses, análisis balísticos, videos, testimonios y una reconstrucción independiente de la escena. La palabra de los agentes involucrados es importante, pero no puede constituir la única evidencia.
Tampoco debemos cometer el error contrario: convertir automáticamente en inocente a cada fallecido o declarar culpables a los policías antes de concluir las investigaciones. Lo que corresponde es establecer la verdad mediante procedimientos creíbles.
La reforma policial no puede limitarse a mejorar salarios, uniformes, vehículos y entrenamientos. También necesita cámaras corporales, protocolos obligatorios para preservar evidencias y consecuencias severas para quien altere una escena o presente información falsa.
Cada muerte no esclarecida debilita la confianza ciudadana y termina perjudicando a los agentes que actúan correctamente. Una Policía respetada no es aquella cuyas actuaciones nunca se cuestionan, sino la que puede demostrar que sus miembros operan dentro de la ley.
Combatir la delincuencia no autoriza al Estado a sustituir los tribunales por ejecuciones. Pero acusar sin pruebas tampoco contribuye a la justicia.
Precisamente por eso, cuando las imágenes y los testimonios contradicen la versión policial, investigar de manera independiente deja de ser una opción. Se convierte en una obligación.
La seguridad ciudadana y los derechos humanos no son enemigos. Un Estado democrático tiene el deber de proteger ambos.
