La iniciativa bipartidista busca reducir los ingresos que Moscú obtiene del petróleo y el gas, pero introduce una dimensión potencialmente explosiva: permite al presidente Donald Trump gravar las importaciones procedentes de grandes compradores de energía rusa. China e India figuran entre los países potencialmente expuestos.
WASHINGTON.– El Senado de Estados Unidos aprobó por una contundente mayoría de 86 votos contra 11 uno de los paquetes de sanciones más ambiciosos planteados contra Rusia desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania, elevando la presión económica sobre Moscú y trasladando parte del costo potencial de esa estrategia hacia los países que continúan comprando petróleo y gas ruso.
La denominada Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 no se limita a ampliar las sanciones contra funcionarios, entidades financieras y otros actores vinculados a Rusia. Su componente de mayor alcance geopolítico concede al presidente Donald Trump facultades para imponer aranceles de hasta 100 % sobre productos procedentes de determinados países que se encuentren entre los principales compradores de petróleo o gas ruso o faciliten la evasión de las sanciones energéticas.
La medida, sin embargo, todavía no es ley. Debe superar la Cámara de Representantes, que regresará de su receso de verano a finales de agosto, antes de llegar al escritorio presidencial. Y precisamente allí se encuentra ahora su principal incertidumbre.
De sancionar a Rusia a presionar a quienes compran su petróleo
La estrategia detrás del proyecto parte de una dificultad que Estados Unidos y Europa han enfrentado desde 2022: sancionar directamente a Rusia no necesariamente impide que Moscú encuentre otros compradores.
Después de perder buena parte del mercado energético europeo, Rusia redirigió volúmenes importantes de petróleo hacia Asia y otros destinos. Esa capacidad de adaptación permitió al Kremlin conservar una fuente esencial de divisas pese al amplio régimen de sanciones occidentales.
El nuevo proyecto intenta atacar precisamente esa vía.
En lugar de concentrarse exclusivamente en empresas y funcionarios rusos, la legislación permitiría utilizar el acceso al gigantesco mercado estadounidense como instrumento de presión sobre terceros países.
El texto limita esta herramienta a los cinco mayores importadores de petróleo crudo o gas ruso y a los cinco principales países que faciliten la evasión de las sanciones energéticas, según explicaron sus promotores.
Entre los países que podrían quedar expuestos figuran grandes economías como China e India, además de otros compradores relevantes de energía rusa. Reuters también señala a Japón y determinadas economías europeas entre las potencialmente afectadas dependiendo de cómo se aplique finalmente la legislación.
La diferencia es fundamental: el proyecto no establece automáticamente un arancel general del 100 % contra China, India u otro país.
Lo que hace es otorgar al presidente estadounidense autoridad para imponer gravámenes que pueden alcanzar ese nivel bajo las condiciones contempladas por la legislación.
Ese matiz será determinante para evaluar su impacto real.
El petróleo vuelve al centro de la estrategia contra Moscú
El objetivo político es reducir los recursos que permiten a Rusia financiar una guerra que ya supera los cuatro años.
Desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022, Estados Unidos, la Unión Europea y otros aliados han impuesto sucesivas rondas de sanciones contra bancos, empresas, funcionarios, oligarcas, exportaciones tecnológicas y el sector energético ruso.
Pero Moscú ha conseguido reorganizar parte de sus relaciones comerciales.
La nueva legislación busca dificultar ese proceso imponiendo consecuencias económicas no solo al vendedor, sino también a determinados compradores.
Sus promotores sostienen que reducir la demanda internacional de hidrocarburos rusos disminuiría los ingresos disponibles para financiar el aparato militar del Kremlin.
El paquete contempla además sanciones contra funcionarios rusos, oligarcas y familiares, bancos e instituciones financieras, personas extranjeras vinculadas al esfuerzo bélico y la denominada “flota en la sombra”, utilizada para transportar hidrocarburos rusos y sortear algunas restricciones occidentales.
Una votación con un fuerte mensaje político
La amplitud de la votación —86 frente a 11— resulta significativa en un Congreso profundamente polarizado.
El proyecto fue una de las grandes prioridades internacionales del senador republicano Lindsey Graham, fallecido el pasado 11 de julio, y recibió respaldo tanto republicano como demócrata.
El Senado ya había dado una primera señal el 28 de julio, cuando 86 senadores contra 12 votaron para avanzar la legislación. Este viernes, la aprobación definitiva en esa cámara volvió a alcanzar 86 votos.
El apoyo bipartidista también representa un mensaje dirigido al presidente ruso Vladimir Putin: pese a las diferencias existentes en Washington sobre la estrategia hacia Ucrania, existe una mayoría amplia en el Senado favorable a incrementar la presión económica sobre Moscú.
La Embajada de Ucrania en Washington calificó la aprobación como un paso significativo para fortalecer esa presión.
Pero la Cámara de Representantes puede convertirse en el gran obstáculo
La aprobación del Senado no garantiza que el proyecto termine convertido en ley.
En la Cámara de Representantes existen reservas importantes sobre las nuevas facultades arancelarias concedidas a Trump.
Los representantes demócratas Gregory Meeks y Don Beyer han cuestionado la amplitud de esos poderes, argumentando que podrían utilizarse de manera demasiado discrecional y terminar elevando los costos para importadores y consumidores estadounidenses.
Ese es uno de los puntos más delicados de la legislación.
Un arancel secundario diseñado para castigar la compra de petróleo ruso puede terminar afectando productos que Estados Unidos importa desde el país sancionado.
En consecuencia, la herramienta destinada a presionar a Moscú podría tener efectos sobre empresas y consumidores estadounidenses.
Los defensores del proyecto sostienen que las disposiciones han sido suficientemente acotadas para minimizar ese riesgo y concentrar la presión sobre quienes proporcionan a Rusia sus principales ingresos energéticos.
China e India convierten las sanciones en un problema geopolítico mayor
Aquí está probablemente la dimensión más importante de la noticia.
La legislación puede transformar una política de sanciones contra Rusia en un conflicto comercial mucho más amplio.
China e India tienen relaciones económicas profundas con Estados Unidos y al mismo tiempo mantienen importantes vínculos energéticos con Rusia.
Obligarlas a escoger entre mantener determinadas compras rusas o preservar condiciones favorables de acceso al mercado estadounidense introduciría una nueva variable en las relaciones entre las principales economías del planeta.
Para Washington, el mecanismo ofrece una poderosa herramienta de presión.
Para Pekín o Nueva Delhi, sin embargo, puede interpretarse como una utilización extraterritorial de la política estadounidense para condicionar sus decisiones soberanas de política energética.
Y para Moscú, el desafío consiste en determinar cuánto descuento tendría que ofrecer para que sus hidrocarburos continúen siendo suficientemente atractivos frente al riesgo comercial que asumirían sus compradores.
El dilema para Trump
La legislación contiene además una paradoja política.
Trump recibiría nuevas facultades para presionar económicamente a los compradores de energía rusa, pero la eficacia de las sanciones dependería precisamente de hasta dónde esté dispuesto a utilizarlas.
El proyecto concede discrecionalidad presidencial y mecanismos de excepción.
Eso significa que su aprobación no garantiza automáticamente la aplicación del máximo arancel permitido.
El presidente tendría que equilibrar varios objetivos: presionar a Putin, mantener relaciones estratégicas con países como India, gestionar la rivalidad comercial con China y evitar que una perturbación importante del mercado energético termine elevando los precios internacionales.
El Financial Times ha señalado precisamente esta cuestión: incluso una legislación severa puede tener efectos limitados si el Ejecutivo decide utilizar con cautela las facultades que recibe.
¿Puede realmente debilitar la economía rusa?
El escenario dependerá fundamentalmente de su implementación.
Si la Cámara aprueba el proyecto y Washington utiliza de manera coordinada las sanciones financieras y los aranceles secundarios, Rusia podría enfrentar mayores dificultades para colocar su producción energética sin conceder descuentos adicionales.
Eso reduciría los márgenes de Moscú.
Pero existe otro escenario.
Los compradores pueden buscar mecanismos alternativos de pago, transporte y comercio, profundizando la creación de circuitos económicos menos dependientes de Estados Unidos.
Rusia ya ha demostrado capacidad para adaptar parte de su comercio a las sanciones occidentales.
Por eso, el resultado no dependerá solamente de la dureza del texto legislativo, sino también de la disposición de Washington para aplicarlo y de la respuesta de las principales economías compradoras.
Una sanción contra Rusia con consecuencias mucho más allá de Rusia
La aprobación del Senado representa un cambio importante porque amplía el perímetro económico de la guerra.
Hasta ahora, buena parte del debate se había concentrado en cuánto podía Occidente sancionar directamente a Rusia sin provocar una disrupción energética mundial.
Esta legislación plantea una pregunta diferente: ¿hasta dónde está dispuesto Estados Unidos a presionar a terceros países para que también reduzcan sus relaciones energéticas con Moscú?
La respuesta determinará si el proyecto termina siendo principalmente una poderosa señal política o si se convierte en una herramienta capaz de alterar realmente el comercio internacional de petróleo ruso.
Por ahora, el primer gran obstáculo ha sido superado con una mayoría abrumadora en el Senado.
La siguiente batalla estará en la Cámara de Representantes.
Y solo después podrá determinarse cuánto de ese enorme poder económico estará dispuesto a utilizar Donald Trump.
