El jurista y docente universitario Pablo Vicente remitió al Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) un documento con propuestas, observaciones y recomendaciones al proyecto de Reglamento para el Tratamiento de los Datos Biométricos y Datos Personales Asociados a la Identidad de las Personas y la Provisión del Servicio de Consulta, Verificación y Certificación de Identidad, con el objetivo de salvaguardar la información personal de los ciudadanos y evitar su uso con fines comerciales, partidarios o de campaña.
Esta iniciativa se inserta dentro del proceso de consulta pública del proyecto normativo, cuya ventana para recibir aportes está abierta hasta el 16 de noviembre de 2026. Vicente puntualiza que sus sugerencias buscan robustecer el marco jurídico e institucional del reglamento, garantizando una protección adecuada de los datos personales, el respeto a los derechos fundamentales y la seguridad de los sistemas de identificación administrados por la autoridad electoral.
Entre los puntos centrales de su planteamiento destaca el fortalecimiento de los derechos de los titulares de la información, la protección de los datos biométricos, la soberanía y seguridad de los registros personales, y la independencia de los mecanismos de supervisión. Asimismo, propone la inclusión de procedimientos claros para la presentación, tramitación y resolución de reclamaciones vinculadas al tratamiento de información personal.
Vicente advierte sobre la necesidad de delimitar estrictamente el acceso a los datos de naturaleza político‑electoral, instaurando garantías que impidan su utilización para actividades comerciales, partidarias o de campaña. Además, recomienda reforzar las disposiciones relacionadas con las transferencias internacionales de información y preservar el secreto bancario y profesional conforme a la normativa vigente.
En materia de transparencia y rendición de cuentas, el académico sugiere fortalecer los mecanismos institucionales ante posibles incidentes de seguridad y asegurar la independencia de los órganos encargados de supervisar el tratamiento de los datos personales. Propone también ampliar los espacios de participación en la consulta pública, incorporando a representantes de universidades, sociedad civil y organizaciones defensoras de los derechos digitales.
«La modernización de los servicios de identificación debe avanzar de la mano con la protección de los derechos fundamentales. Los datos biométricos no son simples registros administrativos; constituyen información personal que exige garantías especiales, controles efectivos y una regulación respetuosa del ordenamiento constitucional», manifestó Vicente.
El jurista concluye invitando a académicos, profesionales y sectores sociales a presentar sus observaciones antes del 16 de noviembre, subrayando que la consulta pública es una vía para enriquecer la normativa y equilibrar la innovación tecnológica de los servicios de identificación con la privacidad, la seguridad de la información y la integridad del sistema electoral dominicano.

