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Las autoridades dominicanas comunicaron que entre los meses de abril y agosto de 2026 se contabilizaron 71,611 detenciones en la zona limítrofe, mientras continúan los trabajos de la cerca perimetral y se intensifica la presencia militar.
El cuarto informe del Observatorio de Políticas Migratorias (OPM), presentado este jueves, también puntualizó varias acciones que aún no se han puesto en marcha conforme a lo ordenado por el Ejecutivo.
De acuerdo con la evaluación, las tres brigadas que operan en la frontera realizaron 60,763 capturas, y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) sumó 10,848 detenciones adicionales.
El organismo, bajo la dirección del periodista Miguel Franjul, precisó que dichos registros no deben confundirse con las deportaciones que se efectúen posteriormente, pues corresponden a procesos distintos.
En lo relativo a la verja fronteriza, se ha concluido un tramo de 54 kilómetros; el segmento de 13 kilómetros que une a La Sal con Capotillo avanza al 70 % y su finalización se ha pospuesto para diciembre de 2026.
Adicionalmente, el 6 de septiembre se dio comienzo a la construcción de 14.5 kilómetros en la zona de Jimaní, frente al lago Azuey; al término de ambas fases, la barrera total alcanzará los 81.5 kilómetros.
En el plano de defensa, el Ministerio incorporó 1,500 soldados más, elevando a 11,000 el número de efectivos distribuidos en ocho áreas de vigilancia.
El OPM también constató avances en la flota vehicular, el abastecimiento, las comunicaciones, la instalación de fibra óptica, el internet satelital y la utilización de drones para el monitoreo.
No obstante, el observatorio advierte que persisten vacíos en la regulación de los mercados fronterizos y en la facilitación de la incorporación de mano de obra dominicana en los sectores agrícola y de la construcción.
La valoración, centrada mayormente en el periodo abril‑agosto de 2026 y actualizada en septiembre, sugiere incrementar y transparentar los recursos destinados a la seguridad fronteriza, así como reforzar la capacidad de respuesta del Ministerio Público y del Poder Judicial frente al tráfico ilícito de migrantes.
Asimismo, propone revisar las 15 iniciativas migratorias anunciadas por el Gobierno en abril de 2025, distinguiendo entre las ya ejecutadas y aquellas que requieren una implementación continua.
