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El Centro Bahía de Manzanillo para el Desarrollo Regional (CEBAMDER) advirtió al Directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que la acción judicial de US$200 millones contra Manzanillo Gas & Power plantea serias interrogantes sobre las garantías ambientales y sociales que el banco ha ofrecido.
En una carta dirigida al Directorio del BID y remitida también a gobiernos, organismos internacionales, académicos, universidades y medios, Frank Valenzuela, presidente de CEBAMDER, solicitó que se investigue el origen de los recursos del proyecto energético y las denuncias de impacto en el Parque Nacional Manglares Estero Balsa y en las comunidades del municipio Pepillo Salcedo.
Según la entidad, el conflicto trasciende el ámbito judicial y abre dudas sobre la transparencia y la rendición de cuentas del BID en este tipo de inversiones.
La demanda, presentada ante la Procuraduría Regional de Medio Ambiente de Montecristi, busca una compensación de US$200 millones por los supuestos perjuicios ocasionados por el consorcio Manzanillo Gas & Power, integrado, según la organización, por Shell, Haina Investment y ENERLA, y por las obras ejecutadas en los alrededores del Parque Nacional Manglares Estero Balsa, zona protegida que forma parte del sitio Ramsar n.º 2497.
El expediente fue impulsado por varios colectivos ecologistas, entre ellos el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) y la Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI).
Entre los daños alegados se incluye la supuesta destrucción de 575,000 m² de vegetación en 2022, así como posibles afectaciones a los humedales vinculados al sitio Ramsar n.º 2497, sin olvidar pérdidas en la pesca, el ecoturismo, la apicultura y la producción ovino‑caprina.
CEBAMDER exige que BID Invest publique las evaluaciones ambientales y sociales, los términos de financiamiento, los informes de supervisión y los presupuestos destinados a la prevención y restauración, además de una auditoría independiente que verifique la suficiencia de los controles aplicados.
La organización también critica la labor del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI), calificándola de insuficiente para recuperar la confianza de la población, y pide una revisión de las propuestas económicas discutidas durante la consulta, argumentando que no sustituyen una valoración integral del daño.
Valenzuela señaló que un funcionario de BID Invest que participó en las negociaciones manifestó que el banco no se comprometía con el llamado Fondo de Inversiones, postura que, según él, fue reafirmada por el coordinador del MICI, quien limitó la ejecución a una lista de obras sociales, modificando de forma unilateral la agenda negociada.
CEBAMDER solicitó una respuesta escrita sobre el estado del expediente MICI‑CII‑DR‑2026‑0266 y los pasos para iniciar una eventual Verificación de la Observancia, insistiendo que abandonar la mesa de consulta no equivale a renunciar a las reclamaciones ni a aceptar las propuestas presentadas.
Según el reporte de la agrupación, fueron desmontados 565,000 m² de terreno, y se presentaron diez exigencias concretas: una evaluación ambiental independiente, una auditoría del financiamiento, la publicación de los expedientes, la cuantificación de las pérdidas productivas, la revisión de los presupuestos de restauración, asistencia técnica independiente para las organizaciones comunitarias, y un programa territorial de reparación con responsables, plazos e indicadores verificables.
«Manzanillo siente que ha perdido la esperanza en los mecanismos que debían escucharlo», manifestó Valenzuela en su mensaje al Directorio. Asimismo, pidió que los gobiernos miembros del BID examinen las denuncias y exijan total transparencia sobre el financiamiento y la supervisión del proyecto, pues la credibilidad institucional dependerá de una respuesta independiente y documentada que aclare los hechos y atienda las reclamaciones legítimas.
