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Santo Domingo, D.N., 16 de octubre de 2026 – La sesión se estructuró bajo la idea de que la puesta en marcha del nuevo Código Penal requiere una transformación profunda de los actores que integran el sistema judicial.
Los panelistas coincidieron en que, para atender las exigencias de la reforma, resulta indispensable reconfigurar la forma de pensar, garantizar una capacitación permanente, realizar investigaciones sólidas y disponer de los recursos necesarios que permitan afrontar los retos que plantea la nueva legislación.
Participaron la magistrada Ysis Muñiz Almonte, el fiscal Francisco Rodríguez, la jueza Rosanna Isabel Vásquez Febrillet y el abogado Daniel Julio Nolasco Olivo; los temas abordados incluyeron la responsabilidad penal de personas jurídicas, la calidad de los procesos investigativos, la correcta imposición de penas y la exploración de mecanismos alternativos para la solución de controversias.
El debate, moderado por Freddy Ángel Castro, formó parte del I Seminario Nacional ADOCCO, celebrado el 30 de septiembre en un hotel de Santo Domingo y organizado por la Alianza Dominicana Contra la Corrupción.
Ysis Muñiz Almonte subrayó que la reforma penal trasciende la mera sustitución de normas y representa una verdadera revolución de paradigma. “Nosotros no estamos frente a un simple cambio normativo. Esto no es una transición meramente técnica”, afirmó, destacando que la responsabilidad de las personas jurídicas debe concebirse desde la figura del defecto de organización, es decir, la falta de mecanismos de dirección, control y supervisión que impidan la comisión de delitos en nombre de la entidad. Añadió que el debate sobre la imputación directa a una persona jurídica sin identificar al autor material implica reflexionar sobre principios como la personalidad de las penas, la culpabilidad y el derecho de defensa, y anticipó un rol relevante del Tribunal Constitucional en la materia.
Francisco Rodríguez, por su parte, sostuvo que el éxito de la reforma dependerá de investigaciones que logren desvirtuar la presunción de inocencia mediante pruebas contundentes. Señaló que los fiscales deben dominar a fondo la normativa y colaborar con profesionales de áreas como contabilidad, economía y peritaje forense para enfrentar casos de mayor complejidad. “El aspecto de recursos” es, según él, una prioridad, pues el Ministerio Público necesita dotarse de los medios adecuados para cumplir con las expectativas sociales. Además, resaltó la necesidad de reforzar la organización interna, establecer lineamientos claros y coordinar oportunamente con las instituciones que aportan información, sin olvidar la continuidad de la capacitación y la entrega puntual de los elementos indispensables para procesar los expedientes dentro de los plazos legales.
Rosanna Isabel Vásquez Febrillet enfatizó los retos que implica aplicar las normas penales en tiempo real, instando a los operadores de justicia a identificar con precisión la disposición que corresponde a cada caso y a respetar los principios vinculados. Destacó que la coexistencia de normas distintas obliga a jueces, fiscales y abogados a mantenerse en constante actualización para minimizar errores. En cuanto a la determinación de sanciones, la magistrada hizo una autocrítica y recordó que esa fase requiere un razonamiento específico y meticuloso, sobre todo ante las nuevas reglas de acumulación. “Ahora tendremos que ser más acuciosos, minuciosos”, declaró. También valoró la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, exhortando a las organizaciones a crear protocolos de supervisión, verificación y monitoreo, y subrayó la importancia del control de constitucionalidad al analizar las disposiciones recientes.
Daniel Julio Nolasco Olivo abogó por ampliar el uso de los mecanismos alternativos de solución de conflictos como una vía para descongestionar el sistema judicial y ofrecer respuestas más rápidas. Criticó la cultura profesional que privilegia el litigio y advirtió que la prolongación de los procesos contribuye al embotellamiento de los tribunales y al deterioro de la confianza ciudadana. Según su visión, fomentar acuerdos y otras salidas no litigiosas permitiría una justicia más ágil y cercana.
Durante su intervención, el moderador Freddy Ángel Castro planteó preguntas sobre la extensión de los expedientes, los plazos procesales y la función que deben asumir los jueces frente a los acuerdos, impulsando una reflexión sobre la calidad y la oportunidad de las respuestas judiciales.
En conclusión, los participantes coincidieron en que la reforma del Código Penal debe acompañarse de una preparación técnica exhaustiva, un fortalecimiento institucional sólido y una aplicación rigurosa que salvaguarde las garantías de todas las partes involucradas.
