@abrilpenaabreu
Defender la producción nacional es necesario. Pero esa defensa exige transparencia cuando algunos actores del sector también participan en las importaciones.
El cuestionamiento es concreto: si producir una libra de pollo aquí costara 55 pesos y traerla del extranjero, con todos los gastos incluidos, costara 45, habría diez pesos de diferencia. Son cifras ilustrativas, pero explican el problema: comprar más barato y seguir justificando el precio de venta con un costo de producción local que esa mercancía no tuvo.
Importar y obtener ganancias es una actividad legítima. Lo que merece investigación es si algunos grupos reclaman protección frente a las importaciones mientras participan de ese negocio y mantienen precios amparándose en las dificultades de producir aquí.
Si eso ocurre, estarían aprovechando dos ventajas: la protección que reclaman como productores y el menor costo que consiguen como importadores. Entretanto, el consumidor seguiría pagando sin beneficiarse de ese ahorro.
En el pollo congelado hay otro aspecto que debe verificarse: cuánto del peso comprado corresponde realmente a carne y cuánto a agua retenida o añadida. La denuncia de que podría alcanzar hasta un 20 % requiere pruebas técnicas; estar congelado, por sí solo, no demuestra ese porcentaje. Pero si se comprobara que una parte considerable del peso vendido es agua, la diferencia entre lo que cuesta y lo que recibe el consumidor sería todavía mayor.
Con el arroz corresponde examinar lo mismo: quién produce, quién importa, cuánto le cuesta colocar el producto en el país y con qué argumentos sostiene su precio de venta.
No podemos atribuir estas prácticas a todos los productores. El pequeño agricultor que siembra, se endeuda y arriesga su cosecha puede estar siendo perjudicado por grupos dentro de su propio rubro que tienen acceso a importaciones y mayor capacidad para controlar la comercialización.
Por eso hay que revisar permisos, costos completos, márgenes y condiciones de venta. También hay que determinar si las quejas representan las dificultades del conjunto de los productores o los intereses particulares de quienes pueden ganar con la producción y con la importación.
Si las denuncias son falsas, que se aclaren con documentos. Si son ciertas, que se identifique cómo funciona el negocio y quiénes se benefician.
El consumidor dominicano merece saber por qué le cobran bajo el argumento de que producir aquí cuesta mucho cuando lo que le están vendiendo pudo haber llegado de fuera a un costo considerablemente menor. Defender el campo no puede servir para justificar cualquier precio.
