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Ginebra (EFE). La reconocida jurista recibió recientemente un distinguido galardón, y su historial encaja con el de una verdadera defensora de la justicia: desde sus primeros años luchando contra el apartheid en Sudáfrica, pasando por su actuación en el genocidio de Ruanda, hasta su intervención en los crímenes cometidos en la guerra civil de Sri Lanka y en Gaza.
De ascendencia tamil, nació en 1941 en la ciudad costera de Durban, Sudáfrica, dentro de una familia humilde compuesta por siete hermanos. Su padre trabajaba como conductor de autobús y, al igual que la población negra, la familia padecía la discriminación impuesta por el régimen del apartheid.
Pillay abrió varios precedentes: en 1967 se convirtió en la primera mujer sudafricana en fundar un despacho de abogados en la provincia natal de Natal, a pesar de que el sistema segregacionista la catalogaba como persona «de color».
Desde entonces, defendió a activistas anti‑apartheid, denunció casos de tortura y luchó por los derechos de los presos políticos confinados en la isla de Robben, llegando a ser arrestada en varias ocasiones por su militancia.
Su trayectoria guarda paralelos con la de otra personalidad que, tras estudiar derecho, arribó a Sudáfrica setenta años antes y se dedicó a proteger a la comunidad india frente a la discriminación racial.
Ella recuerda que, durante los años de segregación, pensaba que el apartheid no desaparecería en su vida, pero el apoyo internacional, incluso de niños, posibilitó su caída. Por eso siempre ha sostenido que «si eso pudo lograrse también es posible construir un mejor sistema de protección de los derechos humanos».
Tras el fin del apartheid, se especializó en la Universidad de Harvard y, en 1995, se convirtió en la primera magistrada de color del Tribunal Superior de Sudáfrica. Ese mismo año fue nombrada jueza del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, cargo que desempeñó durante ocho años, siendo la única mujer en la primera mitad de su mandato y, posteriormente, presidenta del tribunal.
Su aporte quedó reflejado en la sentencia que reconoció la violación y otras formas de violencia sexual como posibles actos de genocidio, marcando un hito en el derecho penal internacional.
Compañeros y colegas destacan su inteligencia, disciplina, modestia y empatía como cualidades que la caracterizan.
En 2023 volvió a ser designada jueza de la Corte Penal Internacional, después de haber dejado ese puesto en 2008 cuando la ONU la eligió como Alta Comisionada para los Derechos Humanos, convirtiéndose en la tercera mujer y la primera no anglosajona en ocupar ese cargo, además de ser la primera procedente de África.
Su defensa de los derechos de la mujer, incluido el aborto seguro, generó una oposición inicial de Estados Unidos, que impuso un veto que finalmente se retiró.
Durante los seis años que encabezó la oficina de la ONU, su trabajo se centró en la aplicación universal de los derechos humanos, la protección de migrantes, pueblos indígenas y personas LGTBI, y en denunciar a gobiernos poderosos, lo que la mantuvo bajo la mira de varios de ellos.
En relación con la guerra civil siria (2011‑2024), criticó la inacción de las grandes potencias ante la magnitud de los crímenes cometidos.
También jugó un papel relevante en la rendición de cuentas por los abusos durante la guerra civil de Sri Lanka (1983‑2009), exigiendo una investigación internacional ante la falta de acción del gobierno.
En Gaza, condenó las operaciones militares israelíes de 2014 y su devastador impacto sobre la población civil. En 2021 fue elegida presidenta de la Comisión Internacional Independiente de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados, cargo que dejó a finales de 2025, después de documentar con pruebas numerosas las atrocidades perpetradas por el ejército israelí tras los ataques de Hamás.
Desde esa posición, afirmó públicamente que los hechos en Palestina constituían un genocidio y señaló al primer ministro israelí y a su ministro de Defensa como responsables principales. A raíz de sus denuncias recibió ataques y acusaciones de sesgo, a los que respondió invitando a sus críticos a señalar los errores de sus investigaciones, invitación que nunca se materializó.
Aunque ha aparecido menos en los medios en los últimos meses, Pillay sigue activa en iniciativas pro‑derechos humanos y colabora con instituciones vinculadas a la justicia y la igualdad, particularmente en Sudáfrica.
