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La normativa recientemente aprobada condiciona los desembolsos a la efectividad de la atención y amplía la capacidad de los usuarios para elegir dónde recibir servicios de salud.
El rechazo a los cambios propuestos en la Ley 87‑01, que regula el sector sanitario, pone de manifiesto una contienda por la administración de los recursos, en un contexto donde el gasto nacional en salud se estima en RD$500,000 millones para el año en curso, según la Fundación Seguridad Social para Todos (FSSPT).
El estudio indica que el Seguro Familiar de Salud (SFS) desempeña un papel fundamental para reducir la brecha entre médicos y pacientes, al reforzar los derechos de los asegurados, permitirles escoger el centro de atención y vincular los pagos a la entrega efectiva del servicio.
Arismendy Díaz Santana, presidente de la fundación, puntualiza que la autoridad dentro del sistema no depende únicamente de quién aporta los fondos, sino también de quién autoriza y ejecuta los pagos; al concentrar esas funciones en el Estado, según su criterio, se atenúa la influencia directa del paciente sobre su propio cuidado.
El documento compara la dinámica de los pacientes que pagan directamente a sus médicos con la de quienes acuden a establecimientos públicos; en el primer caso, la posibilidad de elegir y pagar al profesional fomenta una mayor calidad de atención, mientras que en el segundo, los salarios fijos y los procesos de nombramiento pueden limitar la capacidad de decisión del usuario.
El análisis atribuye a una medicina pública altamente centralizada y vertical una parte importante de las desigualdades actuales, y menciona al Colegio Médico Dominicano (CMD) como uno de los colectivos que, mediante paros y huelgas, presiona al Estado para salvaguardar sus intereses.
El SFS se apoya en seis pilares: la participación de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y de los Prestadores de Servicios de Salud (PSS), tanto públicos como privados; la libre elección de los afiliados; la autorización de prestaciones por parte de las ARS; la firma del paciente que valida los pagos a médicos y centros; la gestión del riesgo para prevenir fraudes y prescripciones innecesarias; y la atención primaria como puerta de acceso a la red de servicios.
Asimismo, se destaca la labor de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), organismo al que los usuarios pueden acudir para hacer valer sus derechos y recibir orientación de su ARS.
La FSSPT sostiene que la resistencia al SFS está vinculada, entre otros factores, a los controles sobre la facturación y los desembolsos, así como a la supervisión de las prestaciones médicas; denuncia, sin aportar cifras, prácticas contrarias a la ética profesional, como la prescripción de exámenes y medicamentos superfluos a cambio de comisiones.
También pone en tela de juicio los cobros excesivos por diferencias y copagos, y advierte que la falta de eficiencia institucional podría impedir que la salud se garantice como un derecho fundamental.
La fundación promueve un modelo que incentive mayores ingresos a los médicos que brindan servicios oportunos y de calidad, al mismo tiempo que fortalezca la capacidad de los afiliados para escoger y reclamar la atención que necesitan.
En conclusión, exhorta a mantener las reformas encaminadas a limitar los abusos de poder y los privilegios dentro del sistema sanitario, insistiendo en que la atención médica debe responder a los derechos de los pacientes y que la asignación de recursos debe proteger a las familias más vulnerables.
Comunicador y mercadólogo, editor con base en Nueva York. Contacto: diomedestejada@gmail.com
