A menos de un mes del 18 de octubre, el partido enfrenta simultáneamente la negativa de la JCE a facilitar 1,800 equipos tecnológicos, una controversia sobre más de 523 mil potenciales participantes y un litigio pendiente ante el TSE sobre la legalidad del proceso.
Santo Domingo.– La consulta presidencial que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) pretende celebrar el próximo 18 de octubre entra en una etapa particularmente compleja, luego de que la Junta Central Electoral (JCE) rechazara facilitar los 1,800 equipos tecnológicos solicitados para el proceso, mientras persiste una disputa interna por la conformación del padrón y continúa pendiente una acción judicial que cuestiona la consulta.
La decisión de la JCE no constituye simplemente una negativa logística.
El organismo electoral fundamentó su decisión en que un evento de esa naturaleza “no se encuentra dentro de los actos permitidos por la ley en la actual etapa del calendario electoral”, según la comunicación JCE-SG-CE-011431-2026.
La JCE sí aprobó anteriormente el préstamo de 500 equipos tecnológicos, pero exclusivamente para actividades de capacitación, formación política y fortalecimiento institucional. Lo que rechazó fue proporcionar los 1,800 dispositivos adicionales solicitados específicamente para la consulta del 18 de octubre.
El problema viene desde el pasado 26 de junio, tras una consulta realizada por el aspirante presidencial Francisco Domínguez Brito, el organismo electoral comunicó que la consulta proyectada por el PLD carecía de respaldo legal en la etapa actual del calendario electoral y consideró improcedente su realización en ese momento.
El debate tiene como antecedente fundamental la sentencia TSE/0011/2025 del Tribunal Superior Electoral. En aquella decisión, el TSE examinó un procedimiento interno mediante el cual el PLD pretendía seleccionar un aspirante que posteriormente sería presentado como precandidato presidencial durante el período legal correspondiente. El tribunal consideró, entre otros aspectos, las implicaciones que una selección anticipada podía tener sobre la equidad entre futuras precandidaturas.
El PLD, sin embargo, sostiene que el mecanismo previsto para octubre de 2026 es diferente.
La Comisión Organizadora de la Consulta sobre Aspirantes Presidenciales (CONAP-2026) ha reiterado que el 18 de octubre no será escogido jurídicamente el candidato presidencial del partido para 2028.
Según su posición, se realizará una medición de simpatía de carácter no vinculante destinada a identificar un aspirante, mientras que la selección formal de la candidatura deberá efectuarse posteriormente dentro de los plazos establecidos por la legislación electoral.
El TSE todavía tiene un expediente pendiente
A la controversia entre la interpretación del PLD y la posición expresada por la JCE se suma otro elemento: el asunto todavía tiene un frente judicial abierto.
El 17 de septiembre, el Tribunal Superior Electoral declaró inadmisible un recurso de amparo que buscaba detener la consulta.
Sin embargo, esa decisión no resolvió el fondo sobre la legalidad del proceso. El tribunal consideró improcedente el amparo porque ya conoce mediante la vía ordinaria una demanda que procura la nulidad de la consulta. Esa acción permanece pendiente de decisión.
Por tanto, sería incorrecto interpretar la decisión del 17 de septiembre como una validación judicial definitiva de la consulta.
Más de 523 mil personas en el centro de otra controversia Como si el escenario jurídico y tecnológico fuera poco, el PLD enfrenta además una fuerte discusión interna sobre quiénes podrán participar.
El aspirante Francisco Javier García denunció que aproximadamente 523 mil personas estaban quedando fuera de la lista de participantes y alegó que la medida podía afectar la transparencia del proceso. También atribuyó políticamente la situación a intereses vinculados con otra aspiración, afirmación que hasta el momento constituye una denuncia suya y no un hecho demostrado públicamente.
La CONAP rechazó esa interpretación. De acuerdo con la comisión, 523,781 ciudadanos no han sido eliminados definitivamente, sino colocados en una situación especial porque figuran simultáneamente en registros de afiliación del PLD y de otras organizaciones políticas.
Según los datos ofrecidos por la comisión, la JCE entregó un universo de 6,099,227 ciudadanos habilitados para los fines de la consulta. De ellos, aproximadamente 5.047 millones no aparecen afiliados a otra organización, mientras 1,051,991 presentan afiliación múltiple.
El conflicto se concentra particularmente en 523,781 personas que, según la CONAP, no habían sido validadas recientemente por el PLD, no participaron en determinados procesos anteriores y aparecen además en registros de otras organizaciones.
Para ellas se abrió un procedimiento extraordinario que vence el 8 de octubre al mediodía, apenas diez días antes de la consulta, mediante el cual podrán acreditar su situación y solicitar su habilitación.
Lo ocurrido coloca al PLD ante tres desafíos distintos, pero simultáneos.
El primero es jurídico: existe una posición expresa de la JCE cuestionando que una consulta de esta naturaleza pueda celebrarse en la actual etapa del calendario electoral, además de un proceso todavía pendiente ante el TSE.
El segundo es logístico y tecnológico: la organización no contará con los 1,800 equipos de la JCE que había solicitado específicamente para ejecutar la consulta, por lo que tendrá que determinar cómo suplirá esa infraestructura si mantiene el modelo previsto.
Y el tercero es político y organizativo: faltando pocas semanas para la jornada, continúa la controversia sobre el padrón y han surgido acusaciones entre sectores vinculados a distintas aspiraciones, algunas de las cuales no han sido respaldadas públicamente con pruebas.
Una fecha que el PLD mantiene
Hasta ahora, el PLD mantiene el 18 de octubre como fecha de su consulta. La organización incluso reprogramó para el lunes 28 de septiembre una asamblea nacional de dirigentes en la que tiene previsto entregar la resolución que define el padrón, el instructivo general para el montaje y el cronograma definitivo del proceso.
Esto indica que, al menos hasta este momento, la estructura organizadora continúa trabajando bajo el supuesto de que la consulta será celebrada.
Pero la negativa de la JCE introduce una nueva interrogante que va mucho más allá de dónde conseguirá el partido los equipos.
La pregunta central ahora es bajo qué condiciones jurídicas, tecnológicas y organizativas llegará el PLD al 18 de octubre, mientras la autoridad electoral mantiene sus objeciones y el Tribunal Superior Electoral conserva pendiente un proceso que puede pronunciarse sobre el fondo de la controversia.
A menos de un mes de la fecha señalada, el PLD ya no enfrenta un solo problema.
Enfrenta simultáneamente una discusión sobre quién puede participar, con qué infraestructura se realizará la consulta y cuál es el alcance legal del mecanismo que pretende ejecutar.
Y esas tres interrogantes convierten las próximas semanas en un período decisivo para determinar cómo —y bajo qué condiciones— podrá desarrollarse el proceso anunciado para el 18 de octubre.
