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El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) presentó una denuncia formal en la que señala presuntas conductas corruptas y una alarmante opacidad en los procesos de contratación del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), cuya partida supera los RD$43,000 millones.
Los líderes opositores advirtieron que la falta de claridad compromete directamente la alimentación y el bienestar de cerca de 2.3 millones de estudiantes que dependen del sistema público de educación.
Durante una conferencia de prensa celebrada este lunes en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez, una comisión encabezada por el secretario general del PLD, acompañada de su vocero, integrantes del Comité Político y representantes de las Secretarías de Industria, Comercio y Mipyme y de Asuntos Agropecuarios, denunció una permanente crisis de transparencia y de gestión dentro del instituto.
El propósito de la comparecencia consistió en solicitar el cese inmediato de los supuestos esquemas irregulares que, según el partido, erosionan la solidez institucional del sistema educativo dominicano.
El eje central de la acusación recae sobre la licitación destinada a contratar el servicio de almuerzo escolar para el periodo 2026‑2028. Según los funcionarios del PLD, dicho proceso se dilató diez meses, sufrió múltiples modificaciones y se adjudicó a escasos días del inicio del año lectivo.
Se criticó con dureza la Enmienda No. 1 al pliego de condiciones, la cual suprimió tres mecanismos clave de control anticorrupción: la exigencia de facturas que acreditaran la experiencia previa de los oferentes, la prueba de inversión en equipos para nuevas cocinas y el historial financiero de los últimos seis meses de las empresas participantes.
Como ejemplo de los efectos de esa enmienda, el PLD citó a la provincia de San Pedro de Macorís, donde tres compañías recién constituidas, sin ningún historial, obtuvieron contratos que superan los RD$110 millones.
El partido calificó de “insuficientes” las recientes suspensiones de 42 empresas ordenadas por la autoridad del INABIE, argumentando que esas medidas no atacan las causas estructurales ni sancionan a los funcionarios responsables.
Además, se hizo referencia a denuncias públicas que apuntan a supuestos cobros de comisiones ilícitas que oscilan entre RD$1.5 y RD$2 millones para garantizar la entrega de raciones, así como a la asignación de alimentos a establecimientos con matrículas menores a las pactadas.
Para cerrar, el PLD exigió una investigación integral, una auditoría profunda del organismo y la imposición de sanciones severas, además de solicitar protección para los locales y una vigilancia permanente sobre los peritos y funcionarios involucrados en la evaluación de los procesos de licitación.
