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Santo Domingo, RD – El Frente Amplio emitió una advertencia acerca de los posibles impactos económicos y sociales que acarrearía la supuesta supresión del Decreto 693‑24, señalando que una apertura abrupta del mercado pondría en riesgo la producción nacional de arroz, decenas de miles de empleos y la seguridad alimentaria del país.
María Teresa Cabrera puntualizó que el arroz no puede catalogarse como una mercancía cualquiera, pues constituye un elemento esencial en la alimentación de los dominicanos y posee un peso significativo dentro del entramado productivo nacional. Destacó que a su alrededor se despliega una amplia cadena que incluye a agricultores, trabajadores del campo, molinos, transportistas, proveedores de insumos y maquinarias, entidades financieras, depósitos de almacenamiento y canales de comercialización.
«No se trata solo de un debate sobre aranceles; estamos resguardando una estructura productiva que genera puestos de trabajo, dinamiza las economías rurales y garantiza al país la capacidad de producir sus propios alimentos», afirmó la vocera.
Con base en los datos oficiales que citó el sector, la actividad arrocera involucra a más de 30 000 productores, genera alrededor de 80 000 empleos directos y supera los 50 000 puestos indirectos. Asimismo, el arroz representa entre el 13 % y el 15 % del PIB agropecuario, de modo que una caída pronunciada en la producción local tendría repercusiones más allá del propio sector agrícola.
«Reemplazar la producción dominicana por importaciones no equivale únicamente a comprar arroz del exterior; también significa trasladar al extranjero parte del valor agregado, los ingresos y los empleos que hoy se generan aquí», explicó la presidenta.
Cabrera cuestionó la idea de que la eliminación o reducción de aranceles produciría de forma automática una disminución proporcional del precio que paga el consumidor, recordando que el costo final del arroz depende también de los precios internacionales, fletes, seguros, tipo de cambio, cargos portuarios, procesamiento, distribución y márgenes de comercialización.
Como referencia, recordó que Costa Rica redujo en 2022 los aranceles aplicados al arroz con la intención de contener los precios, experiencia que, a juicio del Frente Amplio, evidencia la necesidad de evaluar si la rebaja arancelaria se traduce realmente en beneficios para el consumidor antes de debilitar la producción nacional.
La presidenta también subrayó las condiciones desiguales en que compiten los agricultores dominicanos frente a sus homólogos estadounidenses, quienes cuentan con diversos mecanismos de apoyo público, como programas de garantía de precios, créditos para comercialización y coberturas frente a riesgos agrícolas.
Para la agrupación, el eje central del debate es la seguridad y soberanía alimentaria, pues una mayor dependencia de importaciones expone al país a factores externos como conflictos internacionales, fenómenos climáticos, interrupciones logísticas, restricciones a exportaciones, alzas en los fletes y fluctuaciones cambiarias.
«Una nación que posee la capacidad de producir un alimento esencial para su población no debe renunciar alegremente a esa capacidad; la seguridad alimentaria es también una cuestión de soberanía nacional», reiteró la vocera.
El Frente Amplio volvió a manifestar su oposición a la derogación del Decreto 693‑24 y enfatizó que la defensa de la producción local debe ir acompañada de una política integral que eleve la productividad y competitividad del sector arrocero, impulsando la modernización, mecanización, investigación de nuevas variedades, reducción de costos, aumento de rendimientos, uso eficiente del agua, financiamiento, infraestructura, almacenamiento y fortalecimiento tecnológico de toda la cadena.
«Defender el Decreto 693‑24 no implica respaldar el atraso; es necesario proteger la producción nacional mientras se acelera su modernización para lograr un arroz más competitivo, con menores costos y mejores rendimientos», concluyó Cabrera.
