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Los mandatarios de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se reunieron este lunes en la capital galesa, Cardiff, para suscribir una carta que insta a la autoridad británica a «prepararse, planificar y facilitar el cambio constitucional en cada región», subrayando el derecho a la autodeterminación y rechazando que Westminster bloquee la democracia ni menoscabe el principio de que sus pueblos decidan su futuro.
Diversos analistas interpretan el hecho como una «desintegración del Reino Unido a cámara lenta».
El documento también alude a la voluntad de colaborar en materias económicas y energéticas, así como de reforzar los lazos con la Unión Europea, pese a que bajo una fachada aparentemente unificada se esconden realidades jurídicas y políticas muy diferentes.
El motivo principal radica en que, por primera vez, los parlamentos escocés, galés e irlandés del Norte cuentan con mayorías que respaldan la opción de separarse del conjunto británico, y los gobiernos locales están encabezados por partidos que promueven esa alternativa: el SNP en Escocia, Plaid Cymru en Gales y Sinn Féin en Irlanda del Norte.
En segundo plano, la situación se ha intensificado tras las declaraciones del primer ministro británico, Andy Burnham, el 9 de septiembre en la Cámara de los Comunes, donde sostuvo que si en Escocia se alcanza un consenso claro, Londres debería contemplar un referéndum de independencia y que aplicaría el mismo criterio a Irlanda del Norte.
John Swinney, jefe del ejecutivo escocés, replicó que Burnham tendrá que acostumbrarse a la idea de que podría pasar a la historia como el último primer ministro del Reino Unido.
Previamente, Burnham había adoptado una postura más restrictiva respecto a un posible referéndum sobre la unificación irlandesa, aunque luego matizó diciendo que respetaría plenamente el Acuerdo de Viernes Santo y el mecanismo legal británico correspondiente.
Se suma a este caldo de factores la presión externa; durante una visita a Irlanda, el presidente de EE. UU., Donald Trump, manifestó su deseo de ver una Irlanda unificada, lo que provocó una fuerte reacción entre los unionistas y dotó al debate de una dimensión internacional.
Según el jurista Edmarverson Santos, cada territorio tiene un camino distinto ante la posibilidad de cambiar su estatus constitucional.
Escocia ya organizó un referéndum de independencia en 2014 con autorización del gobierno central, resultando la opción de permanecer en el Reino Unido como mayoría; sin embargo, el voto al Brexit en 2016, donde la mayoría escocesa eligió seguir en la UE, alteró el contexto político.
En 2022 el Parlamento escocés intentó aprobar una ley para autorizar un nuevo referéndum, pero el Tribunal Supremo del Reino Unido lo bloqueó, indicando que la materia es reservada al Parlamento de Westminster, lo que implica que, al igual que en Gales, la autorización depende de Londres.
Irlanda del Norte presenta una situación singular: el Acuerdo de Viernes Santo permite que el territorio cambie su estatus constitucional si una mayoría lo decide, aunque la opción sería permanecer dentro del Reino Unido o integrarse a una Irlanda unificada, no crear un estado independiente.
Sobre la relación con la UE, la declaración de los tres gobiernos señala que, de concretarse referéndums y obtener mayorías a favor de la salida del Reino Unido, los caminos serían diferentes. Si Irlanda del Norte optara por la unificación con la República, pasaría automáticamente a ser parte de un Estado miembro sin necesidad de proceso de adhesión, mientras que Escocia y Gales tendrían que solicitar la entrada a la UE bajo los requisitos habituales.
La reunión de Cardiff, más que una hoja de ruta inmediata, tiene un valor simbólico: los tres gobiernos buscan demostrar que sus demandas son serias y coordinadas, ejerciendo presión conjunta sobre Londres para conseguir mayores competencias autonómicas, mayor capacidad fiscal y otras concesiones.
La respuesta del gobierno británico será decisiva; según el especialista en Europa Nikolay Topornin, si Westminster concede ampliaciones de poder, el impulso separatista podría menguar, pero si persiste en rechazar las peticiones, esas aspiraciones podrían intensificarse, convirtiendo la cita de Cardiff en un punto de inflexión hacia una posible desintegración del Reino Unido.
